Derecho y Economía: Predicción, Recomendación y Explicación de Normas Legales
¿De qué trata el Estudio Económico del Derecho?
El estudio económico del derecho se ocupa de tres asuntos fundamentales:
- Aplica la teoría económica para predecir los efectos de las normas.
- Consiste en la utilización del estudio económico con la finalidad de efectuar recomendaciones sobre cómo deberían ser las normas.
- Emplea la teoría económica para explicar cómo son y cómo serán las normas, es decir, el proceso político mediante el cual se elaboran y aprueban las normas.
Predicción de los Efectos de las Normas
Su finalidad consiste en mostrar cómo, en muchos casos, el efecto final de una norma es radicalmente distinto del que se pretendía. Un ejemplo claro es la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Estudios de este tipo se han empleado para analizar los efectos de las normas en aquellas situaciones en que ambas partes estaban ligadas por un contrato y un precio, pero también se ha utilizado para analizar situaciones en que no existe ningún contrato, como el derecho de accidentes y el derecho penal. En estos casos, la contribución más importante de la teoría económica ha sido extender las hipótesis sobre el comportamiento racional de las personas a situaciones que, en principio, no parecía que tuvieran que ver gran cosa con la racionalidad ni con la elección.
Para ver esto, tomemos, por ejemplo, el caso de los accidentes. La ventaja, desde el punto de vista de la economía, de la norma sobre responsabilidad que dice que si alguien causa un accidente debe pagar los correspondientes daños, es que obliga a los conductores a tener en cuenta estos costes, proporcionándoles un incentivo para modificar su conducta de manera que reduzcan el riesgo de tener un accidente con independencia de lo que hagan los demás. La regulación de la velocidad máxima o la obligatoriedad de llevar cinturón de seguridad tienen el inconveniente de que únicamente controlan los aspectos más visibles de la conducción, pero no influyen sobre otros que pueden ser mucho más importantes como, por ejemplo, la atención y el cuidado con que se conduce.
Recomendación sobre la Formulación de Normas
El empleo del estudio económico con esta finalidad parte de una proposición: que el único propósito de las normas (y, por extensión, del ordenamiento jurídico) es promover la eficiencia económica. Aunque la eficiencia económica no sea el único fin de las normas, es un objetivo fundamental que la teoría económica puede ayudarnos a alcanzar. Podemos aplicar el instrumental propio de la economía del bienestar al estudio de un buen número de casos. La libertad contractual no puede aplicarse en aquellas situaciones en que no hay —ni puede haber— un acuerdo voluntario entre las partes.
En tales casos, las normas deben especificar quién y bajo qué condiciones es responsable de, por ejemplo, los daños (el coste) derivado de los accidentes. Una posible solución, bastante frecuente, es la que dice que una persona ha actuado con negligencia —y por tanto es responsable de los daños causados— solo si podía haber prevenido y evitado tales daños a un coste inferior al derivado de los propios daños.
Explicación y Predicción de la Naturaleza de las Normas
El intento de explicar cómo son las normas y predecir cómo serán en el estudio económico del derecho ha tomado dos vías principales:
Por un lado, el argumento de que las normas, especialmente el derecho consuetudinario, tienden, por una serie de razones, a ser económicamente eficientes.
Según Posner, uno de los fundadores del estudio económico del derecho, las dos cuestiones fundamentales del derecho son la eficiencia (el efecto de las normas y de las decisiones judiciales sobre el tamaño del «pastel») y la distribución (la parte del «pastel» que corresponde a cada uno).
Por tanto, si el empleo de las leyes para redistribuir es dificultoso, parece plausible que las normas se centren en la eficiencia y se empleen para redistribuir otros mecanismos como, por ejemplo, el sistema impositivo y las subvenciones públicas.
Por otro, está el enfoque relacionado con la teoría de la elección pública, que contempla las normas como el resultado de un mercado político en el que los grupos de interés buscan sus propios objetivos privados a través del empleo de medios públicos.