Proceso Penal Español: Conceptos Fundamentales, Diligencias y Recursos

Modelos de Proceso Penal: Inquisitivo, Acusatorio y Mixto

Los modelos de proceso penal reflejan el equilibrio entre la protección de garantías del acusado y la eficacia en la persecución del delito. Históricamente, se han desarrollado tres grandes sistemas: acusatorio, inquisitivo y mixto, siendo este último el vigente en España.

El modelo acusatorio parte de una concepción privada del delito. Solo se inicia a instancia de parte, sin intervención pública. El juez es un tercero imparcial y no investiga. El juicio es público, oral y se desarrolla ante un jurado. Rigen los principios de igualdad, contradicción y libertad del acusado hasta la condena firme.

En el modelo inquisitivo, el delito se considera una amenaza al orden público. El proceso puede iniciarse de oficio, y el juez asume las funciones de investigar, acusar y juzgar. Es un procedimiento escrito, secreto y con valoración tasada de la prueba. Predomina la prisión preventiva, y la confesión tenía un valor probatorio central.

El modelo mixto o acusatorio formal, vigente en España, busca integrar garantías del modelo acusatorio con la eficacia del inquisitivo. Se estructura en dos fases: una fase de instrucción, escrita y secreta, dirigida por el juez instructor que investiga de oficio; y una fase de juicio oral, regida por los principios de publicidad, contradicción y oralidad, en la que actúa un juez distinto al de instrucción. La acusación delimita el objeto del proceso y no puede haber juicio sin ella.

Este sistema garantiza los derechos fundamentales sin renunciar a una respuesta penal eficaz.

Principios del Proceso Penal: El Principio de Legalidad

El principio de legalidad, recogido en el art. 25.1 CE, garantiza que nadie puede ser condenado por hechos que no estén previamente tipificados como delito o falta por una ley vigente. Su formulación clásica es nullum crimen, nulla poena sine lege, y actúa como límite al poder punitivo del Estado.

Este principio se descompone en varias vertientes:

Legalidad de los delitos (nullum crimen sine lege): el art. 1 CP exige que el hecho esté previamente descrito por ley.
Legalidad de las penas (nulla poena sine lege): el art. 2 CP prohíbe imponer penas no previstas legalmente.
Legalidad jurisdiccional (nulla poena sine iudicio): art. 3.1 CP, solo un juez competente puede imponer pena mediante sentencia firme.
Legalidad en la ejecución penal: art. 3.2 CP, la pena se ejecuta conforme a la ley y bajo control judicial.

El principio exige: (1) reserva de ley (solo norma con rango de ley puede tipificar delitos), (2) irretroactividad penal desfavorable, y (3) predeterminación normativa clara y precisa.

Además, el art. 7.1 CEDH garantiza su protección internacional, y los arts. 1 y 3 LECrim refuerzan su aplicación procesal.

En cuanto al Ministerio Fiscal, rige el principio de legalidad (arts. 100 y 105.1 LECrim), aunque con excepciones limitadas al principio de oportunidad en delitos leves (art. 963 LECrim).

Este principio se articula con otros, como la contradicción, la presunción de inocencia o la tutela judicial efectiva, garantizando un proceso penal justo.

La Competencia en el Proceso Penal: Objetiva, Territorial y Funcional

La competencia penal determina qué órgano jurisdiccional debe conocer de un determinado proceso penal. Según el artículo 9.1 de la LOPJ, los juzgados y tribunales solo pueden ejercer su jurisdicción en los casos atribuidos por la ley. En el ámbito penal distinguimos tres tipos de competencia: objetiva, territorial y funcional.

Competencia Objetiva

La competencia objetiva se refiere a qué tipo de órgano judicial debe conocer de un asunto, atendiendo a tres criterios:

La naturaleza del delito (leve, menos grave, grave).
El fuero personal del acusado (por ejemplo, aforados).
La materia específica del delito.

Principales órganos según competencia objetiva:

Juzgado de Instrucción: instrucción de causas por delitos menos graves y graves; enjuiciamiento de delitos leves; sentencias de conformidad en juicios rápidos; procedimiento de habeas corpus.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer: enjuiciamiento de delitos leves en violencia de género; sentencias de conformidad; instrucción de delitos competencia del juzgado.
Juzgado de Menores: enjuiciamiento de hechos cometidos por personas de entre 14 y 18 años; resolución sobre responsabilidad civil derivada.
Juzgado de lo Penal: enjuiciamiento de delitos menos graves (penas de hasta 5 años de prisión); ejecución de resoluciones de decomiso y sanciones pecuniarias procedentes de otros Estados miembros.
Audiencia Provincial: enjuiciamiento de delitos graves (penas superiores a 5 años); conocimiento de recursos contra sentencias del Juzgado de lo Penal.
Tribunal del Jurado: enjuiciamiento de delitos concretos del art. 1.2 de la LOTJ, como homicidio, allanamiento de morada, malversación, cohecho, tráfico de influencias, entre otros.
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: control de la potestad disciplinaria penitenciaria; protección de derechos de los internos.
Tribunal Superior de Justicia (TSJ): enjuiciamiento de aforados conforme a los Estatutos de Autonomía.
Juzgado Central de Instrucción (Audiencia Nacional): instrucción de delitos competencia de la Audiencia Nacional; euroórdenes; extradición pasiva.
Juzgado Central de lo Penal: enjuiciamiento de delitos atribuidos por el art. 65 LOPJ que no correspondan a la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
Juzgado Central de Menores: enjuiciamiento de delitos de terrorismo cometidos por menores; extradición pasiva y euroórdenes relativas a menores.
Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria: ejecución de condenas privativas de libertad por delitos competencia de la Audiencia Nacional.
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: enjuiciamiento y fallo de delitos del art. 65 LOPJ que no correspondan al Juzgado Central de lo Penal.
Tribunal Supremo: enjuiciamiento de aforados estatales (diputados, senadores, magistrados del propio TS…).

Competencia Territorial

La competencia territorial determina qué órgano concreto, dentro del mismo tipo, actúa en función del lugar donde se cometió el delito.

Regla general:

Foro preferente y exclusivo: locus delicti commissi, es decir, el lugar donde se cometió el delito (art. 14 LECrim).

Reglas supletorias (art. 15 LECrim):

Lugar donde se descubran pruebas materiales del delito.
Lugar de detención del imputado.
Domicilio del investigado.
Lugar del primer conocimiento oficial del delito (primer juzgado que inicie diligencias).

Teorías interpretativas en delitos complejos:

Teoría de la actividad: lugar donde se inició la conducta.
Teoría del resultado: lugar donde se consumó el delito.
Teoría de la ubicuidad: combinación de ambas.
Teoría de la eficacia de la instrucción: aplicable en delitos informáticos o transnacionales.

Ejemplos prácticos:

Un delito leve cometido en Zaragoza será juzgado por el Juzgado de Instrucción de Zaragoza.
Un homicidio cometido en Alicante será competencia de la Audiencia Provincial de Alicante o, si procede, del Tribunal del Jurado en esa provincia.

Competencia Funcional

La competencia funcional se refiere a qué órgano actúa en cada fase del proceso penal: instrucción, juicio, recursos, ejecución, etc. Es de carácter derivado y automático, y se determina según el órgano competente en primera instancia.

Ejemplos de órganos por competencia funcional:

Juez de Paz / Juzgado de Instrucción: actuaciones preliminares, instrucción, ejecución de sentencias por delitos leves.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer: instrucción y ejecución en casos de violencia de género.
Juzgado de Menores: ejecución de sentencias; juez de garantías.
Juzgado de lo Penal: ejecución de penas no privativas de libertad impuestas en delitos menos graves.
Audiencia Provincial: recursos contra sentencias de Juzgados de lo Penal e Instrucción; ejecución de sus propias sentencias; recusaciones y conflictos de competencia.
Tribunal del Jurado: sin competencia funcional propia, ya que se limita a emitir veredicto.
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad.
Tribunal Superior de Justicia: instrucción contra aforados; apelación contra sentencias del Tribunal del Jurado o de la Audiencia Provincial.
Juzgado Central de Instrucción: instrucción en causas de la Audiencia Nacional y peticiones de la Fiscalía Europea.
Juzgado Central de lo Penal: ejecución de penas no privativas de libertad impuestas en su ámbito.
Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria: ejecución de condenas impuestas por la AN.
Juzgado Central de Menores: ejecución de sentencias contra menores en delitos de terrorismo.
Sala Penal de la Audiencia Nacional: recursos y ejecución en causas de su competencia.
Sala de Apelaciones de la AN: recurso contra sentencias de la Sala Penal.
Tribunal Supremo: casación, revisión, queja, cuestiones de competencia, recursos extraordinarios y causas contra aforados estatales.

Conclusión sobre la Competencia

La correcta determinación de la competencia penal garantiza el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24 CE). Mientras que la competencia objetiva y funcional son de carácter absoluto (su infracción causa nulidad de pleno derecho), la competencia territorial es relativa, y solo da lugar a nulidad si se alega en tiempo y forma y causa indefensión.

La Conexidad Procesal Penal

La conexidad es una figura prevista en el art. 17 LECrim que permite acumular en un solo proceso distintos delitos o acusados cuando existe una relación entre ellos. Su objetivo es evitar resoluciones contradictorias y promover la economía procesal.

Puede ser subjetiva, cuando hay varios autores relacionados (ej.: delitos cometidos por varias personas reunidas o con concierto previo), o objetiva, cuando un mismo autor comete delitos conectados (ej.: uno sirve para cometer u ocultar otro). También se admiten supuestos por conveniencia práctica, incluso sin conexidad legal estricta, si no hay riesgo de dilaciones indebidas.

La conexidad puede afectar a la competencia del órgano judicial y permite una tramitación unificada más eficiente y coherente.

Las Partes Acusadoras en el Proceso Penal: Pública, Particular y Popular

El proceso penal se rige por el principio acusatorio, según el cual no puede dictarse condena sin acusación previa (nemo iudex sine actore). Las partes activas que pueden ejercer la acción penal son el Ministerio Fiscal, el acusador particular y el acusador popular.

Acusación Pública: El Ministerio Fiscal

Corresponde al Ministerio Fiscal, que actúa como garante de la legalidad y del interés público (art. 124 CE). Tiene obligación de ejercer la acción penal en los delitos públicos y semipúblicos. Actúa conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Puede actuar incluso sin que lo haga el ofendido y no necesita procurador.

Acusación Particular: La Víctima o Perjudicado

Es el ofendido o perjudicado directamente por el delito, que decide participar como parte acusadora. Puede actuar en delitos públicos y semipúblicos, y ejercer también la acción civil. Requiere abogado y procurador, pero no fianza. En delitos semipúblicos debe existir denuncia previa. Puede acusar incluso si el Ministerio Fiscal no lo hace.

Acusación Popular: La Participación Ciudadana

Permite a cualquier ciudadano español ejercer la acción penal en defensa del interés general (art. 125 CE). Solo es posible en delitos públicos y requiere querella con fianza. Está excluida en los delitos investigados por la Fiscalía Europea. La jurisprudencia ha limitado su alcance (doctrina Botín y Atutxa).

Conclusión sobre las Acusaciones

La coexistencia de estas tres figuras refuerza el principio acusatorio, permite la pluralidad de acusaciones y garantiza el equilibrio entre el interés público, los derechos de la víctima y la participación ciudadana.

Iniciación del Proceso Penal: Denuncia y Querella

El proceso penal puede iniciarse de oficio, por denuncia o por querella (arts. 259 y ss. LECrim). La denuncia es un acto por el que se comunican hechos presuntamente delictivos ante juez, fiscal o policía. Puede presentarla cualquier ciudadano (art. 259), no requiere abogado ni ejercicio de la acción penal. Es un deber y un derecho (art. 261).

En cambio, la querella sí implica acusación formal. Se presenta por escrito, con abogado y procurador (art. 270), e incluye relato de hechos, identificación del autor y propuesta de diligencias. Requiere admisión judicial y puede exigir fianza. Su presentación produce litispendencia e incorpora al querellante como parte procesal.

En resumen, la denuncia es solo comunicación de hechos; la querella es ejercicio directo de la acción penal.

El Derecho de Defensa en el Proceso Penal

El derecho de defensa es una garantía fundamental reconocida en los arts. 24.1 y 24.2 CE. Supone que toda persona acusada puede oponerse a la acusación en condiciones de igualdad y con pleno respeto a sus garantías procesales.

Incluye el derecho a ser informado de la acusación, a un proceso con todas las garantías, a la asistencia letrada desde la detención (art. 17.3 CE), a proponer pruebas, interrogar y alegar, y a no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable. También permite ejercer la autodefensa en casos autorizados.

Este derecho comprende además el acceso a la justicia gratuita (art. 119 CE) y el uso de los medios de prueba pertinentes para su defensa.

En definitiva, el derecho de defensa es esencial para asegurar un proceso justo y equilibrado, limitando el poder del Estado y protegiendo al acusado desde el primer momento procesal.

Diligencias de Investigación: El Reconocimiento en Rueda

Es una diligencia de investigación regulada en los arts. 369 y 370 LECrim. Consiste en mostrar al testigo un grupo de personas con rasgos similares, entre quienes se encuentra el investigado, para verificar si lo identifica como autor del delito. Tiene naturaleza sumarial y valor probatorio limitado, ya que no constituye prueba plena por sí misma.

Para su validez deben cumplirse garantías esenciales: presencia del juez, del LAJ y del abogado defensor; al menos tres personas con características similares al investigado; separación de testigos; imposibilidad de que el testigo sea visto; y levantamiento de acta por el LAJ.

Su valor probatorio exige ratificación en juicio oral con posibilidad de contradicción, conforme al art. 6.3.d) CEDH y doctrina del TC (STC 19/1993). Puede impugnarse por irregularidades en la formación de la rueda o coacción al testigo.

El investigado puede negarse a participar sin incurrir en responsabilidad penal, aunque ello puede perjudicar su posición procesal. En suma, su eficacia como prueba depende del cumplimiento estricto de las garantías y su confirmación en juicio.

Diligencias de Investigación: Identificación por Marcadores de ADN

La identificación genética es una diligencia de investigación que permite atribuir la autoría de un delito a partir del análisis del ADN hallado en la escena del crimen. Para que el resultado tenga valor probatorio es esencial garantizar la cadena de custodia, de forma que se acredite que el material analizado es el efectivamente recogido.

Como regla general, la obtención de muestras biológicas requiere auto judicial motivado, dado que puede afectar a derechos fundamentales como la intimidad o la integridad física. Así lo exige la jurisprudencia, aplicando los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

No obstante, el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (2006) admitió una excepción: si las muestras se recogen de forma voluntaria, sin coacción y han sido abandonadas (por ejemplo, una colilla), no se precisa autorización judicial, siempre que se respete la cadena de custodia.

En resumen, el valor probatorio del ADN dependerá tanto de la fiabilidad técnica del análisis como del respeto a las garantías procesales durante la recogida y tratamiento de las muestras.

Diligencias de Investigación: Inspecciones Corporales

Las inspecciones corporales son diligencias de investigación que permiten obtener indicios a través del examen físico del cuerpo del investigado. Se clasifican en dos grandes categorías:

a) Sin injerencia física:
Comprenden registros externos y superficiales (cacheos), que no requieren autorización judicial si existen indicios racionales. Deben respetarse garantías básicas: persona del mismo sexo, y espacio reservado si se exponen zonas íntimas (art. 20 LSC).

b) Con injerencia física:
Incluyen registros internos y obtención de muestras invasivas. Requieren auto judicial motivado y solo se autorizan si son imprescindibles para la averiguación del delito.

Obtención de ADN:
En principio exige autorización judicial (arts. 520.6 LECrim y STS 120/2018), salvo si las muestras fueron abandonadas voluntariamente, sin coacción y con respeto a la cadena de custodia (Pleno TS, 2006). Si el investigado se niega, el juez puede autorizar el uso de medidas coactivas mínimas.

En todo caso, deben respetarse los principios de proporcionalidad, necesidad y las garantías constitucionales del investigado, especialmente su intimidad y su integridad física.

Diligencias de Investigación: Entrada y Registro en Lugar Cerrado

La entrada y registro en domicilio son diligencias de investigación especialmente invasivas, ya que afectan a derechos fundamentales como la intimidad (art. 18.1 CE) y la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE). Están reguladas en los arts. 545 a 572 LECrim y constituyen dos actos distintos: la entrada en sí y el registro del lugar.

Finalidad y requisitos
Se autorizan para obtener pruebas o detener al sospechoso. Requieren auto judicial motivado, salvo en casos de consentimiento del titular o flagrante delito. El auto debe precisar lugar, persona y objeto buscado, y basarse en indicios racionales de utilidad. Deben respetarse garantías como la práctica en horario diurno y la presencia del LAJ, el juez y, si es posible, el interesado (arts. 569-570 LECrim).

Régimen especial y efectos
La ausencia del LAJ no implica nulidad radical, pero puede afectar a la validez, admitiéndose otros medios de prueba como la declaración policial. El registro de documentos (arts. 573-578 LECrim) incluye libros contables o archivos consulares. Por analogía, se admite la aplicación a entornos virtuales ante la creciente relevancia de la ciberdelincuencia.

Diligencias de Investigación: Intervención de las Comunicaciones

La intervención de comunicaciones es una diligencia de investigación que limita el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y solo puede adoptarse mediante auto judicial motivado, respetando los principios de necesidad, proporcionalidad y subsidiariedad.

Se distinguen varios tipos:

Comunicaciones postales y telegráficas: permiten la retención y apertura de correspondencia privada cuando existan indicios relevantes. Requieren autorización judicial y se practican en presencia del juez, el LAJ y, en su caso, el investigado. Duración inicial: 3 meses, prorrogable hasta 18.
Intervención telefónica: medida excepcional para delitos graves. La ejecuta la Policía Judicial con control judicial estricto. El juez selecciona las grabaciones útiles. También se autoriza la captación directa mediante micrófonos ocultos.
Medios técnicos complementarios:

Captación de imágenes: posible en espacios públicos si es necesaria.
Dispositivos de seguimiento (GPS): requieren auto judicial, hasta 18 meses.
Registro de móviles u ordenadores: exige autorización detallada.
Registros remotos: requieren autorización específica; duración máxima inicial de 1 mes, prorrogable hasta 3.

En todos los casos, deben protegerse los derechos fundamentales del investigado y de terceros ajenos a la causa.

Las Medidas Cautelares en el Proceso Penal

Las medidas cautelares en el proceso penal son mecanismos provisionales dirigidos a asegurar el buen fin del procedimiento, evitando riesgos como la fuga del investigado, la desaparición de pruebas o la insolvencia para responder civilmente. Se clasifican en:
– Personales, si afectan a la libertad (prisión provisional, detención, libertad provisional).
– Reales, si afectan al patrimonio (embargo, fianza, depósito de bienes).
– También pueden ser medidas de protección de la víctima o de bienes jurídicos colectivos.

Presentan cuatro notas características:

Instrumentalidad: sirven al proceso penal.
Provisionalidad: duran lo estrictamente necesario.
Proporcionalidad: deben ser adecuadas a la gravedad del hecho.
Jurisdiccionalidad: requieren resolución judicial motivada, salvo casos como la detención policial o por particular.

Para su adopción deben concurrir tres presupuestos:
– Fumus boni iuris: indicios racionales de delito.
– Periculum in mora: riesgo de frustración del proceso.
– Resolución motivada del juez instructor (excepto en casos de delito flagrante).

Las medidas personales deben aplicarse con carácter excepcional, atendiendo a los derechos fundamentales del investigado. En cuanto a las reales, buscan garantizar la efectividad de una eventual responsabilidad civil. Ambas deben ser revisables y desaparecer cuando cesen los motivos que las justificaban.

Medidas Cautelares Personales: La Detención Preventiva

La detención preventiva es una medida cautelar personal que implica la privación de libertad por un breve periodo de tiempo, antes de la existencia formal de un proceso penal. Su finalidad es asegurar la presencia del investigado y permitir las primeras diligencias de investigación. Tiene carácter excepcional y está limitada a un máximo de 72 horas, salvo que el detenido sea puesto antes a disposición judicial (art. 17.2 CE y 520 LECrim).

A diferencia de otras medidas cautelares, no requiere resolución judicial previa y puede ser practicada por tres sujetos:
a) Autoridad judicial, si el investigado no comparece tras citación o existen indicios graves (arts. 486–494 LECrim).
b) Policía judicial, en supuestos de delito flagrante, fuga, rebeldía o riesgo de incomparecencia (art. 492).
c) Particulares, si sorprenden a alguien cometiendo un delito o si es un fugado o condenado. En este caso, debe ponerse al detenido a disposición de la autoridad en un máximo de 24 horas (arts. 490–496).

Como toda medida cautelar, exige los presupuestos de fumus boni iuris (indicios de delito), periculum in mora (riesgo de frustración del proceso) y proporcionalidad. No procede en delitos leves salvo supuestos especiales (art. 495 LECrim).

La Constitución, en su art. 17.3, garantiza al detenido:
– Información inmediata de sus derechos y de los motivos de la detención.
– Derecho a guardar silencio y a contar con abogado.
– Comunicación a familiares o consulados.

Estas garantías se desarrollan en el art. 520 LECrim, incluyendo el derecho a un intérprete, asistencia letrada desde el inicio y la entrega por escrito de sus derechos.

Medidas Cautelares Personales: La Prisión Provisional

La prisión provisional es la medida cautelar personal más grave del proceso penal, pues implica la privación de libertad antes de sentencia firme. Solo puede adoptarse por resolución judicial motivada, respetando los principios de necesidad, proporcionalidad y subsidiariedad (arts. 502 y 503 LECrim).

Fines legítimos: (1) asegurar la presencia del investigado (riesgo de fuga), (2) evitar la obstrucción a la justicia (destrucción de pruebas, influencia a testigos), y (3) prevenir nuevas agresiones a la víctima (especialmente en violencia de género). No se justifica por alarma social.

Presupuestos (art. 503 LECrim): (a) indicios racionales de delito grave (pena igual o superior a 2 años); (b) periculum in mora; y (c) imposibilidad de aplicar una medida menos gravosa. La resolución debe ser motivada y fundada.

Procedimiento (art. 505): comparecencia ante el juez, con asistencia letrada, audiencia del fiscal y posibilidad de prueba.

Duración (art. 504): debe ser la mínima imprescindible. Máximos: 6 meses (obstrucción); 1 año + 6 meses (penas ≤ 3 años); 2 años + 2 años (penas > 3 años). Prorrogable en fase de recurso.

Modalidades: comunicada (régimen ordinario), incomunicada (supuestos excepcionales como terrorismo, art. 509) y atenuada (por salud, art. 508).

Los Derechos del Detenido

El detenido tiene una serie de derechos fundamentales que garantizan el respeto a su dignidad y al ejercicio de su defensa durante la privación de libertad. Estos derechos deben ser respetados desde el mismo momento de la detención, con información inmediata, clara y comprensible sobre las razones de la detención y los derechos que le asisten.

Los Derechos del Detenido (art. 520 LECrim)

Son derechos instrumentales del derecho de defensa y deben ser garantizados tanto en sede policial como judicial. Incluyen:

A guardar silencio.
A no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable.
A designar abogado de su elección, o uno de oficio.
A comunicar la detención a un familiar o persona de confianza, salvo que se acuerde su incomunicación.
A acceder a los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la legalidad de la detención.
A comunicarse con un tercero, sin demora injustificada.
A la asistencia de un intérprete, si no comprende el idioma o tiene discapacidad sensorial.
A ser reconocido por un médico forense.
A comunicarse con autoridades consulares, si se trata de un extranjero.

Medidas de Protección: Orden de Protección y Orden de Alejamiento

1. Orden de Alejamiento (art. 544 bis LECrim)

Es una medida cautelar personal para proteger a víctimas, especialmente en casos de violencia de género o doméstica (art. 57 CP). Puede implicar:
• Prohibición de residir o acudir a ciertos lugares.
• Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o allegados.
En delitos graves (como los sexuales), puede controlarse por medios telemáticos. Su incumplimiento permite revisar la medida e imponer prisión provisional.

2. Orden de Protección (art. 544 ter LECrim y LO 1/2004)

Es un sistema integral de protección urgente para víctimas de violencia grave. Puede solicitarla la víctima, la policía, el fiscal o servicios sociales.
Incluye medidas:
• Penales: alejamiento, prohibición de comunicación.
• Civiles: custodia, visitas, patria potestad (vigencia máxima de 30 días hábiles si no hay demanda civil).
• Reales: embargo o fianza.
Su finalidad es ofrecer protección judicial rápida y eficaz mediante resolución motivada.

El Sobreseimiento en el Proceso Penal: Libre y Provisional

Sobreseimiento

Es una resolución judicial que pone fin al proceso penal sin juicio oral. Puede ser libre o provisional, y total o parcial (arts. 634 ss y 782 LECrim).

1. Sobreseimiento Libre (art. 637)

Tiene carácter definitivo y produce efectos de cosa juzgada. Equivale a una sentencia absolutoria.
Motivos:
– Inexistencia de delito o de indicios.
– No responsabilidad penal del investigado.
– Cosa juzgada, prescripción o indulto.
Efectos: archivo definitivo y cancelación de medidas cautelares.

2. Sobreseimiento Provisional (art. 641)

Es temporal, no produce cosa juzgada.
Motivos:
– No está justificada la perpetración del delito.
– No hay autor conocido o indicios suficientes.
Efectos: suspensión del proceso, archivo provisional y posibilidad de reapertura.

3. Efectos Comunes

Archivo de actuaciones, devolución de piezas de convicción, levantamiento de medidas cautelares y ejercicio separado de la acción civil.

Fase Intermedia: Escritos de Acusación y Defensa

Finalizada la instrucción, el procedimiento penal entra en la fase intermedia, iniciándose con el auto de apertura de juicio oral (art. 649 LECrim). Este se dicta tras los escritos de acusación.

🔹 Escrito de Acusación (art. 650 LECrim)
Debe incluir:
– Datos del acusado y solicitud de apertura del juicio.
– Relato de hechos y calificación jurídica.
– Petición de penas y medidas de seguridad.
– Responsabilidad civil (cuantía y responsables).
– Propuesta de prueba (incluida prueba anticipada).
– Petición sobre efectos del delito, costas y medidas cautelares.
También puede extenderse a faltas conexas y decidir el destino de objetos intervenidos.

🔹 Escrito de Defensa (art. 652 LECrim)
Presentado tras el auto de apertura. Puede:
– Mostrar conformidad (posible sentencia de conformidad, art. 787) o alegar excepciones procesales.
– Oponerse a los hechos, a la calificación jurídica o a la autoría.
– Invocar eximentes, atenuantes o agravantes.
– Proponer prueba (testigos, documentos, peritos), incluso anticipada, y solicitar la citación judicial de testigos.
Debe ir firmado por el acusado y su letrado.

La Estructura del Juicio Oral Penal

El juicio oral es la fase central del proceso penal y se rige por los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad.

1. Inicio:
Comienza con el auto de apertura de juicio oral, dictado por el juez de instrucción tras los escritos de acusación, y se remiten las actuaciones al órgano competente (Audiencia Provincial o Nacional).

2. Cuestiones Previas (arts. 666–667 LECrim):
Antes del juicio, las partes pueden plantear cuestiones procesales como: falta de competencia, cosa juzgada, prescripción, nulidad de actuaciones… Si se estiman, puede concluir el proceso.

3. Calificaciones Provisionales:
La acusación expone los hechos, la calificación jurídica y solicita penas. La defensa puede conformarse, oponerse o alegar atenuantes, eximentes o negar la autoría.

4. Proposición y Admisión de Prueba:
Las partes proponen pruebas, que el tribunal admite si son pertinentes y lícitas.

5. Desarrollo del Juicio:
– Práctica de la prueba: declaración del acusado, testigos, peritos, documentos, etc.
– Calificaciones definitivas: las partes pueden modificarlas tras la prueba.
– Informe final y última palabra: cada parte resume su posición; el acusado puede hablar en último lugar.

6. Conclusión:
Termina con el juicio visto para sentencia. El tribunal debe dictarla en un breve plazo legal.

La Conformidad en el Proceso Penal

La conformidad permite al acusado aceptar los hechos, la calificación jurídica y la pena solicitada, evitando así el juicio oral. Se regula en los arts. 655 y 787 LECrim y refleja el principio de oportunidad.

1. Requisitos:
Debe ser voluntaria, expresa, personalísima, prestada con abogado y validada por el juez, que comprueba su legalidad.

2. Momento Procesal:
Puede prestarse en diligencias previas, en el escrito de defensa, o antes del juicio oral. En el procedimiento rápido (art. 801), si se da en el momento oportuno, la pena se reduce un tercio.

3. Efectos:
Evita el juicio, permite dictar sentencia inmediata, exonera de prueba y puede reducir la pena (conformidad premiada).

4. Límites:
Procede solo si la pena privativa de libertad no excede de 6 años. Todos los acusados deben conformarse para dictar sentencia conjunta.

5. Control Judicial:
El juez puede rechazarla si no es válida, si la calificación jurídica es incorrecta o si no se acredita la culpabilidad (STS 188/2015).

Excepciones Procesales: Artículos de Previo Pronunciamiento

Las excepciones procesales son cuestiones previas que pueden impedir la continuación válida del proceso penal. Algunas de ellas se tramitan como artículos de previo pronunciamiento en el procedimiento ordinario, conforme a los arts. 666 y 667 LECrim. Los supuestos más comunes son: falta de jurisdicción, falta de competencia objetiva o territorial, inadecuación del procedimiento, existencia de cosa juzgada o litispendencia, prescripción, amnistía, indulto o falta de autorización previa (por ejemplo, en casos de aforados).

Estas excepciones deben plantearse en los tres primeros días del plazo para calificar, y se resuelven en una fase previa y autónoma que puede suspender el proceso. Si se estima la excepción, se dicta resolución motivada y apelable (salvo en algunos casos). Si se desestima, no cabe recurso en ese momento, aunque pueden reproducirse en apelación.

En el procedimiento abreviado, se formulan oralmente al inicio del juicio, y el juez las resuelve de inmediato, sin que quepa recurso directo.

Su finalidad es evitar juicios innecesarios cuando falten presupuestos esenciales del proceso, garantizando economía procesal y tutela judicial efectiva.

El Procedimiento Probatorio en el Juicio Oral

El procedimiento probatorio constituye una de las fases fundamentales del juicio oral penal, ya que es en este momento cuando se practican los actos de prueba que permiten al tribunal alcanzar una convicción sobre los hechos objeto del proceso. El régimen jurídico de la prueba en el proceso penal español se basa en los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El objeto de la prueba lo constituyen los hechos relevantes y controvertidos. No procede practicar prueba sobre hechos notorios, confesados o irrelevantes. La carga probatoria recae en la acusación, que debe desvirtuar la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), sin perjuicio de que la defensa pueda presentar prueba de descargo.

El desarrollo probatorio en el juicio oral sigue un orden legalmente establecido: primero, el interrogatorio del acusado, quien puede declarar o acogerse a su derecho a guardar silencio; luego, la declaración de los testigos; la práctica de la prueba pericial; la prueba documental; y, por último, la prueba material (objetos, grabaciones, etc.). Todas las pruebas se practican en presencia del tribunal y con la intervención de las partes.

Existen pruebas excepcionales como la prueba anticipada, que se practica antes del juicio por riesgo de pérdida (p. ej., por enfermedad grave de un testigo), y la prueba preconstituida, obtenida durante la instrucción con las debidas garantías y reproducida en el juicio (p. ej., test de alcoholemia o declaraciones con intervención judicial). Estas figuras permiten preservar el valor probatorio respetando los derechos procesales.

La Valoración de la Prueba en el Proceso Penal

La valoración de la prueba en el proceso penal español se rige por el principio de libre valoración judicial, recogido en el art. 741 LECrim, según el cual el tribunal valorará en conciencia las pruebas practicadas en el juicio oral, debiendo motivar su decisión.

Este principio implica que el juez no está sujeto a reglas legales sobre el valor de cada medio de prueba, sino que debe valorar conforme a la lógica, la experiencia y su conciencia jurídica. No obstante, la valoración debe ser racional, motivada y fundada en pruebas válidas practicadas con contradicción.

Un límite esencial lo constituyen las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales (art. 11.1 LOPJ), que son nulas y no pueden valorarse, conforme a la doctrina del fruto del árbol envenenado (STS 114/1984), salvo que existan fuentes independientes.

La jurisprudencia exige además especial motivación en ciertos casos: si se acoge la prueba testifical frente a testimonios contradictorios, debe justificarse por qué se otorga mayor credibilidad a unos que a otros; y si se aparta del dictamen pericial, deben exponerse razones técnicas fundadas.

Por último, la motivación probatoria en sentencia es esencial: debe indicar qué hechos se dan por probados, con base en qué medios de prueba, y cuál es la relación lógica entre ambos. Su ausencia puede vulnerar la presunción de inocencia y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Tipos de Prueba Especial: Anticipada y Preconstituida

En el proceso penal español existen dos figuras que permiten practicar prueba fuera del juicio oral: la prueba anticipada y la prueba preconstituida, ambas excepcionales pero válidas si respetan determinadas garantías.

La prueba anticipada se practica antes del juicio oral, pese a estar prevista para él, cuando se prevé que no podrá reproducirse en ese momento (p. ej., por enfermedad grave o residencia en el extranjero del testigo). Requiere plenas garantías procesales: presencia del acusado y su defensa, contradicción e inmediación.

La prueba preconstituida se recoge durante la instrucción porque su repetición en juicio es imposible por su propia naturaleza (ej. autopsias, grabaciones, registros). No siempre se realiza con contradicción plena, pero es válida si ha sido correctamente documentada y permite su control posterior en el juicio.

Las principales diferencias son:
– La anticipada se practica tras la apertura del juicio; la preconstituida, durante la instrucción.
– La anticipada requiere garantías plenas; la preconstituida, no siempre.
– La anticipada responde a una previsión de imposibilidad futura; la preconstituida, a una imposibilidad técnica o material de repetición.

Ambas figuras buscan preservar el valor probatorio sin vulnerar las garantías del proceso.

La Prueba Ilícita y Prohibida en el Proceso Penal

Se considera prueba ilícita aquella obtenida con vulneración de derechos fundamentales o con infracción grave de la legalidad procesal que cause indefensión. El art. 11.1 LOPJ prohíbe su valoración en el proceso, consagrando el principio de exclusión probatoria, desarrollado por el TC (STC 114/1984) y la doctrina del fruto del árbol envenenado.

Se distingue entre:
– Prueba ilícita stricto sensu: obtenida vulnerando derechos fundamentales (ej.: registro sin autorización, confesión sin abogado).
– Prueba ilegal: infracción procesal grave sin afectar derechos fundamentales, pero con posible indefensión (STC 221/1997).
– Prueba irregular: meros defectos formales sin repercusión.

La doctrina del fruto del árbol envenenado extiende la nulidad a las pruebas derivadas si existe conexión causal y no se rompe el vínculo con la prueba ilícita. Solo se exceptúan las obtenidas por fuentes independientes.

Los efectos son:
– Nulidad de la prueba y sus derivadas.
– Inadmisibilidad como medio de convicción.
– Protección reforzada de derechos como la intimidad, el debido proceso y la asistencia letrada.

En definitiva, la prueba ilícita está excluida del proceso penal para garantizar un juicio justo y proteger las garantías constitucionales del acusado.

Procedimientos Especiales: El Juicio Rápido

El juicio rápido es un procedimiento especial y simplificado previsto en los arts. 795 y ss. LECrim, diseñado para agilizar la respuesta penal frente a delitos menos graves, cuando concurren determinados requisitos.

En cuanto a los requisitos objetivos, se exige que el delito esté castigado con pena privativa de libertad no superior a cinco años, o bien con penas no privativas de libertad que no excedan de diez años. Además, debe incoarse a partir de un atestado policial elaborado por la Policía Judicial.

En el plano subjetivo y procesal, se requiere que el investigado haya sido detenido y puesto a disposición judicial, o que haya sido citado como denunciado en el propio atestado.

Materialmente, el procedimiento se reserva a delitos flagrantes o de instrucción sencilla, como lesiones, coacciones, hurtos, robos con fuerza, delitos contra la seguridad vial, pequeños delitos de salud pública, y delitos contra la propiedad intelectual o industrial.

Quedan excluidos los casos en que existan delitos conexos más graves, cuando se haya acordado el secreto de las actuaciones, o si la causa resulta compleja y exige una instrucción más prolongada.

En conclusión, el juicio rápido busca una respuesta penal eficaz y ágil en delitos de menor entidad, aplicando el principio de economía procesal sin merma de garantías.

Procedimientos Especiales: El Juicio ante el Tribunal del Jurado

El juicio ante el Tribunal del Jurado es un procedimiento penal especial regulado por la LO 5/1995 y los arts. 793 y ss. LECrim, que permite a la ciudadanía participar en la justicia penal para ciertos delitos graves.

Está formado por nueve jurados legos y un Magistrado-Presidente, quien dirige el juicio, formula el objeto del veredicto y dicta sentencia. El jurado emite un veredicto motivado por mayoría simple.

Solo se aplica a delitos concretos (art. 1 LOTJ), como homicidio, allanamiento, cohecho, malversación o incendios forestales.

Se inicia a petición del Fiscal o la acusación, y sigue una tramitación con fases propias: auto de hechos justiciables, selección del jurado, juicio oral y veredicto.

Supone una manifestación del derecho de participación ciudadana y garantiza oralidad, contradicción e imparcialidad en delitos de especial relevancia.

Recursos Extraordinarios: El Recurso de Revisión

El recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación contra sentencias penales firmes, regulado en el art. 954 LECrim, destinado a corregir errores judiciales graves o condenas injustas.

Puede fundarse, entre otros motivos, en: uso de pruebas falsas, prevaricación judicial, sentencias contradictorias, aparición de hechos nuevos o pruebas sobrevenidas, contradicción con resoluciones firmes no penales, o violaciones de derechos humanos reconocidas por el TEDH.

Conoce de él la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que puede anular la sentencia y ordenar nuevo juicio, o dictar directamente sentencia absolutoria si la inocencia es clara.

Cuando la sentencia fue dictada en rebeldía, el condenado puede pedir su anulación si hubo vulneración del derecho de defensa, dentro de los 10 días siguientes a su notificación.

La revisión no tiene plazo concreto, pero exige hechos o pruebas nuevos debidamente acreditados.

En suma, la revisión penal protege la justicia material frente a errores judiciales o violaciones graves de derechos fundamentales.

Recursos Ordinarios: El Recurso de Apelación

El recurso de apelación es un medio ordinario de impugnación que permite que un tribunal superior revise una resolución penal dictada por un órgano inferior. Garantiza el derecho a la doble instancia penal, permitiendo reexaminar hechos, prueba y Derecho.

Tiene carácter devolutivo (el conocimiento pasa al órgano superior) y, en ciertos casos, también suspensivo (p. ej., procedimiento ordinario o delitos leves, art. 977 LECrim).

En el procedimiento abreviado, cabe apelación frente a resoluciones del juez instructor y del juez de lo penal, sin necesidad de recurso previo. En el ordinario, se limita a supuestos expresamente previstos.

Son apelables las sentencias de primera instancia y autos definitivos como los de sobreseimiento libre.

Debe interponerse en 10 días (5 en juicio rápido y delitos leves), ante el mismo órgano que dictó la resolución, y lo resuelve el tribunal superior jerárquico. Pueden practicarse pruebas nuevas si su omisión causó indefensión.

Los motivos suelen ser: errores en la valoración de la prueba, infracción de normas sustantivas o procesales, y vulneración de derechos fundamentales.

En suma, la apelación es una garantía clave del proceso penal justo.

Recursos Extraordinarios: El Recurso de Casación

El recurso de casación es un medio extraordinario y técnico de impugnación, regulado en los arts. 847 a 855 LECrim, cuyo fin es el control de legalidad de las sentencias penales firmes. Lo resuelve la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Procede contra sentencias dictadas en única instancia o en apelación por los TSJ, la Audiencia Nacional y, en ciertos casos, las Audiencias Provinciales (solo por infracción de ley, art. 849 LECrim). No cabe en delitos leves ni contra sentencias que declaran nulidad.

Los motivos se agrupan en:
– Infracción de ley (error en normas sustantivas o en prueba documental).
– Quebrantamiento de forma (defectos procesales).
– Defectos de la sentencia (art. 851).
– Infracción constitucional (derechos fundamentales).

El recurso debe respetar los hechos probados, salvo en casos de error documental (art. 849.2). Además, debe existir interés casacional, como contradicción jurisprudencial o falta de doctrina consolidada (LO 7/2015).

El TS puede anular, sustituir la sentencia o reponer el proceso. La casación garantiza la unidad y legalidad del Derecho penal, sin revalorar los hechos.

La Suspensión de la Ejecución de la Pena

La suspensión de la pena, regulada en los arts. 80 a 87 CP, permite al juez evitar el ingreso en prisión del condenado si concurren ciertos requisitos, orientándose a la reinserción social mediante un juicio favorable de no reincidencia.

Requiere, en general:
– Que la pena no exceda de 2 años de prisión.
– Ausencia de antecedentes penales, o que estén cancelados, sean por delito imprudente o no revelen peligrosidad.
– Valoración positiva del tribunal sobre la posibilidad de reinserción.
– Haber abonado la responsabilidad civil o comprometerse a hacerlo.

Existen modalidades especiales:
– Con condiciones reforzadas (art. 80.2 CP) si hay antecedentes.
– Para drogodependientes (art. 80.5 CP), incluso si la pena supera los 2 años, si el delito se cometió por adicción y el penado está o se compromete a estar en tratamiento.

El tribunal fija un plazo de suspensión (2 a 5 años) y puede imponer condiciones como no delinquir, realizar programas o respetar prohibiciones.

Se revoca si se incumplen condiciones (art. 86 CP) y se extingue si se cumple el plazo sin incidencias (art. 87 CP).