Claves del Derecho Administrativo: Control Judicial y Responsabilidad Pública
Aspectos Fundamentales del Derecho Administrativo Español
A continuación, se abordan diversas cuestiones clave sobre el funcionamiento de la Administración Pública, el control judicial y la responsabilidad patrimonial, con base en la legislación española vigente.
¿Una resolución de gobierno puede dispensar a una persona concreta de la aplicación de una disposición de carácter general aprobada por orden ministerial?
Falso. En base al artículo 37.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece que ninguna resolución administrativa de carácter particular podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. Esto se debe a que ningún acto particular puede dispensar de la aplicación de lo dispuesto en la norma, y también en base al artículo 34.2 de la misma Ley 39/2015.
¿Los tribunales pueden controlar la legalidad de la actuación, pero no el fin que debe perseguir la Administración?
Verdadero. Los tribunales podrán controlar la legalidad de la actuación, pero no el fin de la Administración, debido a que, en base al artículo 106.1 de la Constitución Española (CE), los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de las actuaciones de la Administración, así como el sometimiento de estas a los diferentes fines que justifican su ejercicio en base al principio de legalidad, con el fin de evitar una desviación de poder.
¿Qué técnicas de control utilizó el Tribunal Supremo para poder anular la adjudicación del contrato de obras efectuado por el Ayuntamiento de Madrid?
El Tribunal Supremo utilizó las siguientes técnicas de control:
- Técnica de los hechos determinantes: Consiste en determinar la causa.
- Elementos reglados.
- Principios generales del Derecho: Como el principio de buena administración.
Todo ello en base al artículo 15 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y al artículo 36 (hoy artículo 28 de la Ley de Contratos del Estado). Resaltamos que siempre se debe motivar el acto en caso de utilizar el criterio de discrecionalidad.
¿Cuáles son los privilegios que tiene la Administración que pueden menoscabar el principio de tutela judicial y dónde aparecen?
Los privilegios de la Administración que pueden menoscabar el principio de tutela judicial son:
- Tutela administrativa: Recogida en el artículo 39 de la Ley 39/2015.
- Autotutela ejecutiva: Recogida en el artículo 99 de la Ley 39/2015.
Estos son los principios que pueden menoscabar la tutela judicial efectiva.
¿La expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial del Estado tienen el mismo fundamento constitucional?
No.
- La expropiación forzosa se encuentra en el artículo 33.3 de la Constitución Española (CE). A su vez, aparece en el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que establece que la propiedad es un derecho inviolable y nadie puede ser privado de ella salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente y justo, con indemnización.
- La responsabilidad patrimonial se fundamenta en el artículo 9.3 CE y el artículo 106.2 CE.
¿Los supuestos que dan lugar a la responsabilidad del Poder Judicial son los mismos que dan lugar a la responsabilidad del Tribunal Constitucional?
No.
- La responsabilidad patrimonial del Poder Judicial se regula en el artículo 121 de la Constitución Española (CE) y se dará en casos en los que exista error en el funcionamiento normal judicial o error consagrado en el artículo 32.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- La responsabilidad del Tribunal Constitucional está consagrada en las leyes procesales, aunque su regulación pasa a ser también abordada por la Ley 40/2015. Se encarga del funcionamiento normal del Tribunal Constitucional en dos ámbitos: el procedimental de tramitación de recursos de amparo y el de cuestiones de inconstitucionalidad. Esto es resuelto por el Consejo de Ministros, quienes fijan la indemnización en base al artículo 32.8 de la Ley 40/2015.
¿Diferencias entre responsabilidad subjetiva y objetiva? ¿Qué normas las amparan?
Las diferencias entre responsabilidad subjetiva y objetiva son:
- Para que exista responsabilidad subjetiva, tendrá que existir culpa o responsabilidad de la persona que causa el daño.
- Para la responsabilidad objetiva, deben existir lesiones indemnizables, independientemente de la culpa.
La responsabilidad patrimonial está recogida en el artículo 9.3 de la Constitución Española (CE) y el artículo 106.2 CE. Todos estos preceptos fueron desarrollados en el artículo 192 de la Ley 30/1992 (actualmente derogada y sustituida por la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015) y el Real Decreto de 1933.
¿Los ciudadanos pueden exigir responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas en todo momento, pues lo reconoce la Ley 39/2015?
No. En base al artículo 67.3 de la Ley 39/2015, no es cuando los ciudadanos consideren, sino en un plazo máximo de un año desde que se produce el daño.
¿La Administración no tiene plazo para resolver el procedimiento administrativo, pero sí para exigir responsabilidad patrimonial de la misma? ¿Cuáles son las palabras que emplea la ley para establecer las consecuencias que se producen si no se produce la resolución en el plazo?
Sí, la Administración tiene un plazo para resolver un procedimiento administrativo, establecido en el artículo 91.3 de la Ley 39/2015 (generalmente de 6 meses). Cuando no se produce una resolución por parte de la Administración en el plazo establecido, se produce el silencio administrativo, regulado en el artículo 24.4 de la Ley 39/2015. El silencio administrativo es una ficción jurídica.
¿Cuando un Tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa anula un acto discrecional por ser contrario al principio de legalidad, no se puede al mismo tiempo sustituir a la Administración determinando el contenido discrecional del acto que lo anula?
Los Tribunales de Justicia no podrán sustituir a la Administración determinando el contenido discrecional, según el artículo 71.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
¿Tanto el Gobierno de la Nación como los autonómicos pueden aprobar decretos-leyes y decretos legislativos según la Constitución Española?
No.
- Los Decretos-leyes (regulados en el artículo 86 de la Constitución Española) son competencia exclusiva del Gobierno de la Nación.
- Los Decretos Legislativos (regulados en el artículo 82 de la Constitución Española) pueden ser aprobados tanto por el Gobierno de la Nación como, en su caso, por los gobiernos de las Comunidades Autónomas, siempre que sus respectivos Estatutos de Autonomía les atribuyan esta potestad y se ejerza dentro del marco de la legislación básica estatal.
El artículo 127 de la Ley 39/2015 se refiere a la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas en general, no específicamente a la aprobación de decretos-leyes o decretos legislativos por parte de los gobiernos autonómicos en el mismo sentido que el Estado.