Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en el Ordenamiento Jurídico

Derecho a la Educación y Libertad de Cátedra

1. Derecho a la educación

1.1. Derecho a acceder al sistema educativo

Titularidad: Corresponde a todos los individuos (nacionales o extranjeros) en la etapa de educación básica, aunque en centros privados no concertados el titular del centro puede elegir a los alumnos.
Obligación: Es deber de los Poderes Públicos asegurar la enseñanza básica en todos los centros públicos o privados, y que esta sea gratuita. Es obligación de los padres o tutores que sus hijos acudan a la escuela en esta etapa, ya que el homeschooling no permite una adecuada socialización; tampoco pueden impedir que los hijos acudan a clase alegando vulneración de creencias religiosas.
Regulación: Pendiente de desarrollo normativo.

1.2. Libertad de cátedra

Fundamento: Se basa en la búsqueda de la verdad y la difusión de hallazgos científicos.
Contenido: Es la facultad del profesor de resistir los mandatos de dar una enseñanza determinada siguiendo pautas ideológicas que sean incompatibles con el desarrollo de la ciencia.
Derecho modulado por tres factores:
1. Nivel educativo: Los profesores universitarios tienen un amplio ámbito, mientras que el resto de niveles está más limitado.
2. Programación general: Corresponde al Estado, y los centros deben adecuarse a ella.
3. Tipo de centro: En los Centros Públicos existe la obligación del profesor de no adoctrinar; en los Centros Privados, la libertad de cátedra está restringida por la obligación del profesor de respetar el ideario definido por el titular del centro.

Derecho al Honor y Libertad de Expresión

1. Derecho al honor

Bien Jurídico Protegido (BJP): El honor es un bien jurídico indeterminado que depende de las normas, valores e ideas ideológicas vigentes en un momento determinado. En general, es el aprecio social y la fama de la persona (reputación ante los demás). El derecho protege contra expresiones en desprecio y ataques a la ética y deontología profesional.
Existen dos conductas vulneradoras: la vejación (denostar innecesariamente) y la difamación.
No se considera que haya atentado al honor si se da publicidad a actos judiciales o policiales.
Titularidad: Es personalísima; corresponde a toda persona física (se admite también a pueblos o etnias).
Cauces de protección: Vía Penal (injuria y calumnia) y vía Civil (reclamar indemnización por daños y perjuicios, así como la rectificación en medios públicos).

2. Ponderación entre derecho al honor y libertad de expresión

Artículo 20.1: Derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio. También incluye comentar y recibir información. Sin embargo, ambos derechos están limitados por los Derechos Fundamentales, las leyes de desarrollo y el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.
Criterios de ponderación (correspondientes a órganos judiciales):
1. Grado de relevancia pública del afectado.
2. Veracidad de la información.
3. Expresiones utilizadas (se deben excluir las vejatorias, de menoscabo o insultos).
Conclusión: El derecho a la libertad de expresión o de información suele tener mayor consideración dada su jerarquía constitucional como medio de formación de la Opinión Pública.
Requisitos de prevalencia:
- Prevalencia Pública: Si existe interés social en su conocimiento.
- Veracidad de la Información: No se protegen informaciones falsas basadas en rumores o invenciones.
- Exclusión de expresiones vejatorias: No existe el derecho al insulto; se excluyen términos injuriosos innecesarios para el fin de la información pública.

Derecho a la Propia Imagen y Protección de Datos

1. Derecho a la propia imagen

1.1. Caracteres generales

Bien Jurídico Protegido (BJP): Interés de la persona de evitar la difusión de su aspecto físico.
Titular: La persona física (el derecho se extingue cuando la persona muere).
Límites: El derecho cede si el titular da su consentimiento o si hay relevancia e interés público en la imagen o los hechos (se excluye generalmente la prensa rosa). Solo prevalece el interés público si no se lesiona la dignidad.

1.2. Especial consideración a la propia imagen en el ámbito laboral

Se da cuando la apariencia externa del trabajador colisiona con la imagen de la empresa o exigencias de seguridad o higiene.
Por un lado, el Tribunal Constitucional (TC) comprende la libertad para conformar la apariencia física personal.
Por otro, existe la libertad de empresa para establecer códigos de uniforme o normas de higiene.
En la práctica: Los criterios de los Tribunales de Justicia suelen respaldar el derecho del empresario a imponer un uniforme. Cualquier desobediencia grave será constitutiva de despido procedente. La extinción unilateral del contrato se justifica por motivos de seguridad e higiene. Si el empresario no fija un código, aumenta la libertad del trabajador.

Símbolos religiosos

Es legítimo que una empresa adopte una política de neutralidad ideológica, política o religiosa.
Dicha neutralidad debe perseguirse de forma congruente, sistemática y sin distinciones.
También debe examinarse si la medida (como el despido) fue necesaria o si existía alguna alternativa menos gravosa.

2. Protección de datos personales

Derecho relacionado con la protección de la intimidad.
Bien Jurídico Protegido (BJP): Libertad individual frente a abusos por el uso ilegítimo de datos mecanizados.
Titulares: Todas las personas físicas (no jurídicas), frente a las Administraciones Públicas y también frente a particulares.
Contenido:
- Negativo: Limita la recogida de datos personales por los poderes públicos y prohíbe ficheros cuyo fin sea recabar datos que revelen religión o ideología.
- El intercambio de datos entre Administraciones Públicas solo es lícito en casos autorizados.
Garantía Institucional: La Agencia de Protección de Datos es el elemento institucional básico para velar por el correcto ejercicio del derecho.

Derecho Fundamental de Asociación

Bien Jurídico Protegido (BJP): Protección de los grupos intermedios entre el Estado y el ciudadano. Hoy, los grupos sociales son la base de la democracia pluralista (como los Partidos Políticos).
Caracteres: Agrupaciones humanas voluntarias para conseguir fines lícitos definidos en sus estatutos. Poseen un carácter institucional (vocación de permanencia y durabilidad), lo que se refleja en una organización interna.
Titularidad: Todos los españoles (aunque algunos colectivos según las normas de su profesión), todos los extranjeros (aunque la legislación puede regular condiciones distintas) y las personas jurídicas (previo acuerdo de su órgano rector).

1.1 Contenido

Faceta positiva

Incluye la libertad de creación y de adscripción a asociaciones ya existentes.

Libertad de organización interna de la asociación y control judicial

Las asociaciones tienen autonomía para organizarse, siempre bajo el control de los tribunales para asegurar la legalidad.

Límites

Las asociaciones que utilicen medios violentos o tengan fines tipificados como delito son ilegales. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Faceta negativa

Nadie puede ser obligado a integrarse en una asociación ni a permanecer en ella.

2. Partidos Políticos como asociaciones especiales

Son asociaciones con una función constitucional específica: expresar el pluralismo político y concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular.

3. Confesiones Religiosas como asociaciones especiales

Inscripción en el registro de entidades religiosas: Es necesaria para obtener personalidad jurídica civil.
Declaración de notorio arraigo en España: Reconocimiento que otorga un estatus especial de cooperación con el Estado.

Derecho a la Libertad Ideológica y Religiosa

1. Ámbito del derecho a la libertad ideológica y religiosa

Históricamente es la primera de las libertades, ya que son manifestaciones propias de la naturaleza humana.
La Constitución Española (CE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) protegen por igual todas las convicciones y el derecho a manifestarlas. La protección es equivalente tanto para creencias religiosas como para ideológicas.
La CE otorga una protección específica a las creencias religiosas mediante la aplicación de una ley especial.
Titulares: Todos los individuos y las comunidades (confesiones).
Contenido:
- Ámbito Negativo: Autodeterminación e inmunidad frente a terceros; no existe la obligación de declarar las propias creencias.
- Ámbito Positivo: Los poderes públicos deben garantizar el ejercicio efectivo de la libertad religiosa.
Límite: El límite principal es el Orden Público, cuyo contenido incluye los Derechos Fundamentales, las libertades públicas de los demás, la moral pública, la seguridad y la salud pública. La aplicación de esta cláusula solo podrá realizarse preventivamente en casos excepcionales con temor fundado de daños graves.

2. Principio de Laicidad del Estado

El Estado Laico es la garantía de máxima protección de la libertad ideológica y religiosa.
La CE afirma la independencia y autonomía entre el Estado y las confesiones, prohibiendo la identificación de fines entre el aparato público y las iglesias.
Jurisprudencia del TC sobre laicidad:
1. El concepto de laicidad está subordinado a la libertad religiosa.
2. Prohibición de confusión entre fines religiosos y estatales; las confesiones no son equiparables a instituciones públicas.
3. Los parámetros religiosos no pueden inspirar la actuación de los Poderes Públicos.
4. Dimensión positiva: Los poderes públicos deben asumir un cometido activo para garantizar la igualdad y libertad.

Derecho a la Vida y a la Integridad Física

1. Introducción

El derecho a la vida es el soporte de todos los demás derechos fundamentales.
Titulares: Todos los seres humanos.
Contenido genérico:
- Obligación positiva: El Estado debe respetar la vida (sanción penal contra el homicidio e indemnizaciones).
- Obligación negativa: El Estado no debe lesionarla (abolición de la pena de muerte).

1.2 Situaciones conflictivas

Aborto

La Ley Orgánica (LO) establece indicaciones en las que el aborto no será penado dentro de unos plazos.
El concebido no nacido (nasciturus) es un Bien Jurídico Protegido.
El Estado tiene la obligación de establecer un sistema de protección legal y abstenerse de obstaculizar el proceso natural de gestación, salvo excepciones donde prevalecen los derechos de la madre (vida, salud y libertad sexual).
Plazos: Legal hasta las 14 semanas; hasta las 22 semanas si hay riesgo para la vida o salud de la madre.

Eutanasia

El TC y el TEDH niegan la existencia de un derecho humano al suicidio.
Situaciones:
1. Si el sujeto desea poner fin a su vida, es una acción libre, pero si está en prisión, la Administración debe velar por su vida (incluso frente a huelgas de hambre).
2. Cooperación en la muerte: Es legítimo prohibir el auxilio al suicidio.
Eutanasia activa: Reconocida por la LO de 2021 para enfermedades incurables con sufrimiento acusado, solicitándolo por escrito.
Se permite la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios (registro de objetores).

Torturas y tratos inhumanos y degradantes

Vincula la dignidad del ser humano con su integridad física y moral.
Derecho a no sufrir: Torturas o tratos degradantes (especialmente relevante en prisiones y escuelas).
Intervenciones corporales: Derecho a negarse a transfusiones de sangre (en mayores de edad con consentimiento; en menores se puede imponer). Las pruebas físicas son lícitas en investigación de delitos.

Objeción de Conciencia

1. Concepto y Naturaleza Jurídica

Es la facultad del individuo de actuar según su propio juicio moral, resistiéndose a cumplir la ley cuando esta vulnere su conciencia.
La CE no reconoce un derecho general a la objeción de conciencia, solo lo prevé explícitamente para el servicio militar obligatorio.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) lo limita a lo que dispongan las leyes nacionales.
Naturaleza Jurídica: Tras 1987, el TC determinó que no tiene carácter de Derecho Fundamental autónomo, sino que es una excepción que debe ser admitida por la ley o los tribunales en cada caso.

2. Objeciones recogidas en el Ordenamiento Jurídico

Aborto

Fundamento: Creencias ideológicas y código deontológico médico.
Condiciones: Ejercida por profesionales sanitarios directamente implicados, mediante manifestación previa y escrita. No debe perjudicar la calidad asistencial de la mujer.

Eutanasia Activa

Titularidad: Profesionales sanitarios.
Condiciones: Derecho individual, manifestación escrita y existencia de un registro para organizar sustituciones.

Servicio Militar Obligatorio

Solicitud ante el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
Debe justificarse la exención; si se aprueba, el objetor realiza una prestación social sustitutoria.