Estrategias Integrales para la Reducción de Riesgos de Desastres
Estrategias de Defensa
Las posibilidades de realizar actividades capaces de disminuir los efectos maliciosos que incluyen son escasas. Hasta ahora, la consideración de catástrofe como fenómeno accidental ha llevado a que los esfuerzos para defenderse de ellas se hayan centrado en dotarse de conocimientos y medios encaminados a la defensa ante las crisis cuando estas se producen. Los rasgos de accidentalidad dependen de la combinación con el lugar donde se producen.
Prevención de Riesgos
Política de carácter social, económico y ambiental, orientada a erradicar, en lo posible, las prácticas desafortunadas que hacen vulnerables a las poblaciones y transforman riesgos en calamidades.
Evaluación de Riesgos
Estimar la probabilidad de que se produzca un acontecimiento catastrófico y tratar de determinar el grado de agresividad para vidas y bienes con que puede manifestarse, determinando en consecuencia, con estos rasgos, en qué grado procede o no realizar actividades defensivas.
¿Proteger o Mitigar?
A pesar de la tecnología aplicada, los gastos y los grandes esfuerzos por parte de organizaciones públicas y privadas, la capacidad de defensa frente a procesos de riesgo sigue siendo muy limitada. La protección total tiene la condición de un mito inalcanzable. La prevención absoluta parece imposible, y una política más adecuada será la búsqueda de una reducción de efectos negativos, denominada «mitigación», que serían acciones positivas para reducir la violencia, la crueldad y el dolor que acompañan a estos eventos. Pero estas acciones no se restringen a administrar el proceso catastrófico cuando se presenta, sino que incluyen tanto los procesos a abordar tras una crisis como todas las actuaciones encaminadas a disminuir la vulnerabilidad social y restar agresividad al evento, con el objetivo de paliar sus efectos más que tratar de evitarlos.
Gestión del Desastre
Por una parte, están los procesos de preparación ante el posible desastre, que afectan más a la situación de riesgo que a la propia catástrofe, aunque no pueden ignorar los rasgos que esta adopta al presentarse. El objetivo es tratar de salvar vidas y limitar la cantidad de daños. Por otra parte, cuando se concreta el desastre, aparecen las actuaciones de gestión de la crisis, con la finalidad de reducir sus efectos perjudiciales.
Los procesos que desembocan en catástrofe están compuestos de cuatro fases:
- Normalidad
- Emergencia
- Crisis
- Recuperación
Respuesta Social a la Gestión de Catástrofes
Es necesario aumentar el nivel de formación de la población para elevar su capacidad de respuesta útil ante avisos preventivos, así como la difusión de prácticas de autoprotección individual y colectiva, para que una alerta sea correctamente interpretada y, consecuentemente, se actúe de forma apropiada frente a la crisis. En los medios de comunicación, la situación se complica, ya que tienden a inclinarse a favor de historias que contengan drama y conflicto.
Papel de las Infraestructuras
Búsqueda de seguridad en estas, modificando rasgos del riesgo para hacerlo menos dañoso o dotar a los asentamientos de características físicas que les confieran solidez frente a la agresión. Un ejemplo son las presas contra inundaciones. La instalación de infraestructuras sofisticadas genera un sentimiento de falsa seguridad que impulsa a una ocupación más intensa del área de riesgo y a aumentar los efectos de una catástrofe si se superan los umbrales de seguridad.
Políticas de Territorio y Procesos de Riesgo
La defensa contra riesgos es actual y está poco desarrollada, con escasa experiencia en ordenación territorial frente a estos, además de atender solo al más frecuente, la inundación, que precisa disponer de sectores inundables en las distintas cuencas fluviales.
En el caso español, las competencias sobre ordenación territorial están atribuidas constitucionalmente a las comunidades autónomas. En el caso de Murcia, el primer intento de llevar a cabo una ordenación lo encontramos en la Ley 4/1992 de Protección y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, que establece que las directrices de Ordenación Territorial (OT) han de incluir una evaluación de los riesgos geofísicos y biológicos que, para personas o bienes, supongan los cambios de usos del suelo previsibles.