Formación de la Agenda Pública: Actores y Factores Clave en Políticas
La Configuración de la Agenda Pública
Las políticas, programas y proyectos se inician con la inclusión de un asunto en la agenda política y la adopción de una serie de medidas. Estas incluyen: legislar, dotar de financiación, poner en marcha recursos o servicios, ofrecer formación a profesionales, aprobar planes, programas y proyectos de intervención, realizar protocolos de gestión y establecer sistemas de evaluación. Todas estas medidas están dirigidas a facilitar su puesta en práctica.
El Proceso de Inclusión en la Agenda
La inclusión de un tema en la agenda dependerá, en buena parte, del número de personas afectadas y del tipo de medidas que haya que adoptar, así como del grado de agregación de los intereses afectados y su nivel y tipo de organización. Sin embargo, para que un tema (como los desahucios, la violencia de género, el cambio climático, la salud mental, la pobreza o la exclusión) acceda a la agenda de actuación pública, se requiere la intervención de aquellos que tienen cierta influencia en la formación del programa, o bien la movilización de los ciudadanos interesados por el tema.
Actores Clave en la Formación de la Agenda
Entre los actores que influyen en la agenda, podemos mencionar:
- Las asociaciones, plataformas y movimientos ciudadanos (ej. 15M, Democracia Real, Plataforma de Afectados por la Hipoteca).
- Los grupos organizados (sindicatos, organizaciones sociales, ONG y asociaciones del tercer sector).
- Los partidos políticos.
- Los sectores influyentes del aparato burocrático.
- Los creadores de opinión (prensa, televisión, etc.).
Influencia de Actores Internacionales
En la actualidad, nuestra agenda está condicionada por actores externos de carácter internacional, como la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cada uno de ellos, con sus respectivas recomendaciones de control de déficit y gasto, condiciona decisivamente el contenido del programa de actuación de nuestros gobiernos.
Ahora bien, aunque la UE impone límites de gastos para contener el déficit, de forma paradójica también sugiere políticas sociales relacionadas con la mujer, los jóvenes y el empleo (ej. igualdad de género, aumento de la tasa de actividad y empleo, conciliación de la vida laboral y familiar, atención a la familia y personas mayores), influyendo en que aparezcan como problemas privilegiados. De ahí que, además de condicionar la agenda política, la UE impulse mejoras y, en alguna medida, la modernización de nuestro modelo de protección social (basta pensar en las políticas de igualdad de género, de medio ambiente, de calidad y mejora de la administración pública).
En todo caso, lo que debemos tener presente es que el contenido de la agenda de los poderes públicos se constituye a partir de la intervención de una red de actores de carácter diverso (económico y social; nacional e internacional).
La Agenda desde la Oferta: Más Allá de la Demanda
Por otra parte, hay que considerar que el programa de actuación de los poderes públicos no surge solo a partir de la demanda. A veces se incluyen temas en la agenda política desde el lado de la oferta, sin existir una demanda explícita para su implantación (lo que sucede con temas relacionados con la mujer y, por ejemplo, ocurrió con el salario social o Ingreso Mínimo de Inserción (IMI)).
Innovación en Políticas Públicas: El Caso del IMI
La puesta en marcha del IMI se plasmó en programas de lucha contra la pobreza y por la inserción. Estos programas, iniciados por el Gobierno Vasco, contribuyeron a que las Comunidades Autónomas (CC. AA.) se constituyeran como actores institucionales legítimos y desplegaran estrategias innovadoras en relación con las experiencias pasadas. En este sentido, el IMI y el sistema de Servicios Sociales que se han venido institucionalizando en las CC. AA. constituyen una muestra de la capacidad de innovación de los poderes públicos y cuestionan la supuesta «imposibilidad» de desviarse de los legados e inercias institucionales.
Desafíos Actuales y Oportunidades de Innovación
Lo mismo que sucedió con el IMI y viene sucediendo con algunos temas relacionados con la familia y la mujer, podría suceder con las políticas de inmigración y los desahucios. Sería un buen momento para que los partidos diseñaran políticas innovadoras para dar respuesta a la inmigración y la emigración. A este respecto, podrían impulsar programas que promuevan la integración social y sean respetuosos con los derechos humanos de los extranjeros, y facilitaran la salida de los nacionales sin empleo, pero desde perspectivas integradoras y no tan obsesionadas por los flujos y el orden público.
Hay que admitir que en demasiadas ocasiones no estamos a la altura de lo que se puede esperar de nosotros. Así, por ejemplo, en vez de expulsar mujeres inmigrantes maltratadas (como denunciaba Amnistía Internacional en uno de sus informes), podemos optar por aplicar, a quienes las maltratan, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; o bien, en vez de «repatriar», esto es, expulsar (siguiendo procedimientos de legalidad dudosa) a los menores inmigrantes no acompañados para que los interne la policía de sus países de origen, se puede decidir que se está obligado a proteger los derechos del menor, según lo establecen los tratados internacionales, la Constitución y el ordenamiento jurídico, y diseñar políticas encaminadas a la regularización y posterior inserción de los menores. Pero esto implica una previa definición del problema que, quizás no sea, desde una perspectiva electoral, políticamente correcta.
La Naturaleza Subjetiva de la Definición de Problemas
En resumen, lo que ponen de relieve las anteriores reflexiones es que la consideración y definición de un problema, dentro del programa de actuación de los poderes públicos, no tiene carácter objetivo. En cada caso dependerá, como se ha señalado, de quiénes sean los ciudadanos a los que va dirigido, de la movilización social, de la organización de los sectores afectados, de la fuerza y capacidad de penetración que posean, de su grado de representatividad, y no tanto de una consideración objetiva y racional sobre el asunto.