La Configuración y Dinámica de las Políticas Públicas en Latinoamérica: Perspectivas Históricas y Conceptuales

1. ¿Qué herencias arrastra la administración pública latinoamericana en la configuración de sus políticas públicas?

Una característica fundamental de la academia es la capacidad de absorber el conocimiento generado por otros y aplicarlo para desarrollar nuevas teorías, lo que implica que todas las regiones se influyen mutuamente.

Si se busca la herencia en Latinoamérica, hay que dirigirse hacia su historia. Primero, es importante destacar que las sociedades originarias también tenían administración pública. Por ejemplo, la organización del pueblo mapuche, donde existían grupos de parentesco (Lof), un líder encargado de la administración de recursos y la aplicación de la ley, conocido como Lonko, y una líder espiritual llamada Machi. Su organización es precolombina y no debe ser subestimada. Una gran influencia en la administración pública latinoamericana proviene de la conquista española del continente. José Luis Méndez introduce un concepto denominado “la pesada herencia”. ¿Por qué se considera una herencia pesada? En su obra, se menciona que “América Latina fue un área conquistada más que colonizada; en otras palabras, solo después de sangrientas batallas en el siglo XVI, la Corona española lograría dominar los extensos reinos indígenas establecidos en Mesoamérica y los Andes. Hecho esto, los españoles realizaron una sobreexplotación de los recursos naturales y las nuevas provincias, frente a la cual, aun derrotados, los grupos nativos continuaron resistiéndose durante los siglos siguientes (…). Esta labor de sobreexplotación se llevó a cabo mediante un sistema altamente jerárquico, burocrático y patrimonialista”. En resumen, la administración latinoamericana posee herencias indígenas y españolas.

Esta herencia se ve cambiada nuevamente durante los años ochenta y noventa, con una fuerte influencia del sector privado en el ámbito público, derivada de varios factores históricos y estructurales. Se implementaron numerosas reformas neoliberales que promovieron la privatización de servicios públicos, la externalización de funciones del Estado y la adopción de lógicas empresariales en la gestión pública (inspiradas en el “New Public Management”). Un ejemplo de este fenómeno es Chile, donde en 1973 ocurrió un golpe de Estado por parte de Augusto Pinochet, las fuerzas militares y la CIA, en un plan denominado “Operación Cóndor” (también implementado en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Estas dictaduras instauraron y promovieron las reformas neoliberales, generando un conflicto que persiste hasta el día de hoy. La mezcla entre lo público y lo privado, donde el interés colectivo frecuentemente se vio subordinado a intereses corporativos o particulares, junto a la debilidad institucional, la corrupción y la falta de profesionalización del aparato estatal, permitió que actores privados influyeran en la definición y ejecución de políticas públicas. Estas herencias dificultan la construcción de un Estado verdaderamente autónomo, transparente y orientado al bien común, y perpetúan la tensión entre el servicio público y las lógicas privadas de lucro.

2. ¿Cómo se define el concepto de Políticas Públicas y cómo ha evolucionado este concepto en las ciencias sociales?

Para comenzar, es fundamental diferenciar las políticas públicas de la acción pública. Según Subirats (2008), citando a Dye (1972, 1984), “«una política pública es lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer»”. Posteriormente, Meny y Thoening (1989) la definen como: “Una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental”. Asimismo, Subirats et al. (2008) la conceptualizan como: “…una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos —cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían— a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendentes a modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales)”. Por otro lado, la acción pública, estudiada por la sociología, responde a la intervención gubernamental producto del surgimiento de un problema público, donde los actores sociales se organizan o tienen el suficiente poder para ser considerados en la agenda gubernamental. Esto corresponde a una lógica “bottom-up”, a diferencia de una política pública, que tendría un origen “top-down”.

A lo largo de la historia, la sociedad se ha complejizado progresivamente, y con ello las instituciones, que responden directamente a sus necesidades. Las políticas públicas han existido desde la conformación del Estado; sin embargo, la necesidad de convertirlas en un campo de estudio específico surge durante el gobierno demócrata de Thomas W. Wilson (1913-1921). Posteriormente, el estudio de las políticas públicas fue adquiriendo cada vez más relevancia, hasta que, después de la Segunda Guerra Mundial, se estructuraron campos de estudio académico en las carreras afines a esta disciplina. Fontaine afirma: “Desde luego, el análisis de las políticas públicas se volvió un ejercicio imprescindible para apoyar la toma de decisión y el conjunto de procesos relacionados con la acción del Estado”.

Conforme avanza el tiempo y la sociedad se complejiza, la definición misma de política pública también abarca aspectos, actores y conceptos más complejos y operacionales. Eugenio Lahera (2002) propone otro punto de vista, en el cual recalca la importancia de “una política pública de calidad”. En su definición, establece: “Una política pública de calidad corresponde a flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; dichos cursos de acción o de información son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, pero también instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, así como la previsión de sus resultados”. Es de suma importancia que una definición contemporánea contemple la acción pública y las condiciones actuales que enfrenta la sociedad, se destaque por su calidad y reafirme su institucionalidad, democracia y análisis exhaustivo de su formulación, así como la incorporación, indirecta o directa, de múltiples disciplinas. Por ello, las definiciones más acordes a este enfoque son las de Subirats et al. (2008) y Lahera (2002), que coincidentemente son las más recientes.

3. ¿Qué nos aporta el análisis de la secuencia o ciclo de las políticas públicas para comprender los procesos de políticas públicas? Ejemplifique con una política pública.

A simple vista, una política pública puede resultar compleja de estudiar si no se dispone de un método o un marco de referencia adecuado. Por esta razón, desde los años cincuenta, se ha utilizado en el marco del análisis secuencial el concepto de “ciclo de las políticas públicas”. J.P. Harguindeguy menciona sus tres características complementarias: es lineal, recurrente y fractal. Subirats et al. (2008) nos presentan un gráfico cíclico que describe los procesos por los que se puede identificar una política pública, que incluyen:

(Re)surgimiento de un problema público
Percepción de los problemas públicos y privados
Inclusión en la agenda gubernamental
Formulación de alternativas
Decisión y adopción de un programa legislativo
Implementación de los planes de acción
Evaluación de los planes de acción

Muller (1990) también advierte que “la representación secuencial de las políticas no debe utilizarse de manera mecánica. Deberán más bien imaginarse a las políticas públicas como un flujo continuo de decisiones y procedimientos a los que tratamos de dar un sentido”. El ciclo, entonces, busca ser una herramienta para el estudio y debe verse únicamente como un marco de referencia. Sin perjuicio de lo anterior, Harguindeguy hace hincapié en que hoy en día se siguen utilizando las etapas del ciclo como referencia en trabajos académicos, sin mencionar que pertenecen a un ciclo, como si estuviera grabado en el inconsciente colectivo de los analistas.

Ejemplo: El aumento del salario mínimo

Tal es el caso, por ejemplo, del aumento del salario mínimo. Si observamos el proceso histórico de esta política, vemos que nace a partir de una necesidad multifactorial: los gobiernos perciben (o deberían percibir) que, frente a la inflación, se debe mantener el poder adquisitivo; para combatir el número de personas bajo la línea de la pobreza, se debe mejorar la accesibilidad a los bienes básicos; y para reducir la brecha salarial, entre otros. Al mismo tiempo, esto se percibe como un problema público del cual los gobiernos deben hacerse cargo e incluirlo en la agenda gubernamental, como ocurrió, por ejemplo, en la administración del Presidente Gabriel Boric. Luego, se observa la etapa de formulación, en la cual se decide, entre otros aspectos técnicos, cuánto será el aumento del salario mínimo, para después ser implementado paulatinamente y evaluado continuamente. Este análisis conlleva ventajas y desventajas. A primera vista, podría parecer ventajoso ver el ciclo plasmado, ya que se observan claramente las etapas desde la (re)aparición del problema hasta la evaluación, como si de una ecuación se tratara. Sin embargo, resulta engorroso al momento de analizar críticamente la representación del ciclo en la política. Surgen preguntas como: ¿Dónde realmente surge el problema? ¿Por qué se omite la presión política por parte de ciertos actores? ¿Por qué, si la aparición del problema responde continuamente a las mismas problemáticas, no se ataca de manera sistemática para prevenir su aparición? La respuesta es bastante sencilla, pero genera más problemas que soluciones. El análisis del ciclo y la identificación de estos procesos no deben verse como un marco de análisis rígido, sino como un marco de referencia que orienta al observador sobre las etapas por las que transcurre una política pública y permite comprender su retroalimentación. Por el contrario, esta perspectiva podría inducir a error, dado que el desarrollo cronológico de la política no necesariamente sigue el orden de las diferentes etapas. Hipotéticamente, si en la formulación se descubriera otra razón para la aparición de dicho problema, se rompería con la idea de ciclo, ya que se pasaría de la etapa de formulación a la de (re)aparición de un problema.

En definitiva, el concepto de ciclo de las políticas públicas es una herramienta a la cual no se le debe ser indiferente, puesto que constituye un marco de referencia al cual las políticas, teóricamente, apuntan. Sin embargo, en la práctica, observamos que no siempre se ejecutan al pie de la letra, y los autores advierten sobre ello. Tal como señala Muller (1990), las políticas públicas son “flujos continuos de decisión a las cuales tratamos de dar sentido”.

4. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el enfoque secuencial de políticas públicas? ¿Cómo se expresa lo identificado en un caso chileno?

Caso de estudio: La implementación del Transantiago en Santiago de Chile

En 2007, Chile enfrentó una serie de desafíos importantes con la modernización de su sistema de transporte público en la capital, Santiago. Esto se materializó con la implementación del plan conocido como Transantiago. Este proceso incluyó la organización y coordinación de múltiples actores: instituciones gubernamentales, empresas de transporte, organizaciones ciudadanas y técnicos especializados en el tema, todo ello en un intento de reformar y mejorar el sistema de movilidad urbana.

Según Fontaine (2015) y Parsons (2007), el análisis de políticas públicas debe considerar la naturaleza multidisciplinaria y contextual del problema. En este caso, los problemas relacionados con el transporte no son solo económicos, sino que también implican aspectos sociales (como el acceso para diferentes sectores), políticos (la gestión pública y la presión ejercida por las empresas), ecológicos (la restricción ambiental) y culturales (los hábitos de movilidad). La complejidad de esta realidad llevó a que la formulación de la política implicara múltiples etapas: la identificación del problema, definición de la agenda, diseño de alternativas, implementación y evaluación, siguiendo un proceso que no es lineal, sino dinámico y adaptativo.

Este proceso contó con análisis multidisciplinarios, en los que se recurrió a estudios estadísticos, análisis de impacto social, consultas ciudadanas y evaluaciones técnicas del sistema, ajustándose en respuesta a los conflictos y obstáculos que surgieron durante la puesta en marcha del proyecto. La incorporación de diversas miradas permitió que la política buscara no solo la mejora técnica, sino también la satisfacción social y la sostenibilidad ambiental.

Ventajas del enfoque secuencial y contextual

Parsons (2007) destaca la importancia de la orientación a los problemas en la elección y evaluación de políticas. Resalta que los enfoques multidisciplinarios y contextuales permiten entender cómo se abordan y estructuran los problemas a partir de una buena organización y un despliegue adecuado de conocimientos. En el caso del Transantiago, esta orientación facilitó un diagnóstico integral, entendiendo la movilidad como un problema que abarca varias dimensiones y que requiere respuestas coordinadas y contextualizadas. La evaluación continua y la incorporación de evidencias permitieron realizar ajustes que, aunque polémicos, intentaron responder a las exigencias y características particulares de ciertas zonas de Santiago.

Desventajas del enfoque secuencial y contextual

Sin embargo, Fontaine (2015) y Parsons (2007) advierten que una gran dificultad del enfoque multidisciplinario y contextual es la complejidad en la coordinación y el riesgo de conflicto interinstitucional. En el caso del Transantiago, esto fue evidente cuando las diferencias entre actores políticos, expertos y empresarios se tradujeron en retrasos, enfrentamientos y cambios en el diseño original, afectando la coherencia y la rapidez de su implementación. La imposibilidad de reducir el proceso a etapas sencillas y lineales, sumada a la dificultad para gestionar todos los intereses en juego, generó una gran incertidumbre y conflictos políticos, que afectaron la percepción y aceptación social del sistema de transporte.

Conclusión sobre ventajas y desventajas

El enfoque multidisciplinario y contextual permite entender la complejidad de los problemas públicos incorporando distintas miradas (sociales, técnicas, ambientales, políticas), lo que ayuda al diagnóstico y favorece decisiones más legítimas y adaptadas al contexto. Su flexibilidad facilita el aprendizaje continuo y los ajustes durante la implementación.

Sin embargo, esta misma diversidad puede dificultar la coordinación, ralentizar el proceso y generar conflictos entre actores. Fontaine (2015) y Parsons (2007) advierten que esta complejidad puede fragmentar la implementación y afectar la eficacia. Lo mismo ocurre con el enfoque secuencial: aunque ofrece una estructura clara (problema, formulación, decisión, implementación, evaluación), en la práctica las etapas no son lineales ni están claramente delimitadas. Muchas veces, las ventajas del enfoque, como su claridad, se convierten en limitaciones, ya que los procesos reales son más dinámicos e inciertos.

El caso del Transantiago ilustra esto: su formulación incluyó análisis técnicos y sociales (una ventaja del enfoque contextual), pero la implementación fue caótica por falta de coordinación y adaptación, mostrando cómo las etapas se superponen y no siempre se delimitan con claridad. Así, ventajas y desventajas están entrelazadas, y el desafío es gestionar esa complejidad sin perder efectividad.

5. Etapa de formulación: ¿Qué entendemos por problema público y cómo se configura en el proceso de formulación?

El problema público, contrario a lo que se podría creer de manera intuitiva, no es un acto o hecho de connotación puramente negativa o positiva, ni siquiera es un hecho puramente objetivo. Más bien, debe entenderse como un proceso de construcción social donde una situación o acontecimiento se encuentra bajo el escrutinio y debate del colectivo y el ámbito político, y donde estas situaciones pasan a ser reconocidas socialmente como relevantes y válidas para una intervención estatal. Una de las definiciones que facilita la interpretación del problema público corresponde a John Kingdon: “las personas comienzan a pensar que algo puede hacerse para cambiar la situación” (Kingdon, 1984, p. 114). Kingdon también menciona que no hay necesidad de que exista una solución para hablar de un problema público, por lo cual existe una separación implícita entre la definición de un “problema” y su carácter público. Esto deriva en cómo se acondicionará el proceso de formulación. El problema público no parte desde la aparición de un acontecimiento, sino con su problematización: la interpretación de que este hecho ataca o merma los derechos y condiciones desde la perspectiva del colectivo o la comunidad. A partir de este punto, al ser interpretaciones de distintas entidades, consideramos que la formulación no se limitará solo a establecer objetivos y seleccionar los caminos a seguir, sino que también entrarán en juego los emprendedores políticos. Estos, a través de sus capacidades de movilización, tendrán la misión política de definir qué está en juego, a quiénes afecta y cuál será el sentido de la intervención estatal. La formulación no es una fase puramente racional, respaldada por datos y estadísticas, sino que se encuentra entramada dentro de un marco más amplio donde se involucran disputas e intereses políticos. Aquí se encontrará ubicado también el término “publicización”, donde finalmente el “problema” definido pasará de ser privado a estar incluido en la agenda pública a través de los ya mencionados emprendedores políticos. Estos crearán un relato de manera que los problemas sean legítimos, funcionando también a modo de “traductores”, puesto que si el problema no está codificado en lenguaje político, no estará adaptado para ser inscrito en la agenda ni para ser tratado por el aparato político.

6. Agenda de políticas públicas: Define esta etapa que incluya: ¿Qué determina que un tema entre (o no) en la agenda gubernamental? Ejemplifique con una política pública.

La agenda de políticas públicas es la etapa en la cual algunos problemas o temas, considerados relevantes por diversos actores sociales y políticos, logran ser incorporados oficialmente en la atención y acción del gobierno. Su objetivo es definir, priorizar y, eventualmente, elaborar políticas concretas para abordarlos. Esta etapa es fundamental porque determina qué cuestiones serán tratadas por las autoridades y en qué nivel de prioridad, siendo influenciada por múltiples variables y actores.

Factores que determinan la inclusión en la agenda gubernamental

El ingreso de un tema en la agenda gubernamental no se debe únicamente a su existencia o su gravedad social, sino que está condicionado por una serie de factores, entre los cuales se encuentran:

Presión de actores externos: Grupos organizados, movimientos sociales, medios de comunicación y grupos de interés pueden movilizar recursos y generar presión suficiente para que un problema gane visibilidad y prioridad. Por ejemplo, movimientos feministas luchando por la igualdad de derechos de la mujer o campañas ambientales que piden una regularización en temas de protección ambiental.
Eventos dramáticos o crisis: Incidentes como desastres naturales, temas de corrupción o epidemias pueden actuar como ventanas de oportunidad, acelerando la inclusión de ciertos temas en la agenda.
Intereses de actores estatales: Representantes políticos, ministros o funcionarios pueden impulsar ciertos temas según sus agendas personales, ideológicas o electorales.
Factores institucionales y políticos: La apertura o restricción del sistema político, procesos electorales, cambios en la gobernanza u oportunidades internacionales también juegan un papel en qué temas se priorizan.
Capacidad de movilización y recursos: La fuerza y organización de los actores sociales, así como su capacidad de movilización de recursos y alianzas, influyen en que un problema gane un espacio en la agenda.

Ejemplo: Políticas públicas para combatir el SIDA

Por ejemplo, en las políticas públicas existentes para combatir la enfermedad del SIDA, la incidencia del activismo social, los avances científicos, las crisis epidémicas y el interés político en la salud pública llevaron a que este problema en particular se incorporara de manera prioritaria en la agenda gubernamental, incluso en países con recursos limitados.

Distinción entre Agenda Pública y Agenda Institucional

La distinción entre agenda pública y agenda institucional es crucial. La agenda pública se refiere a los temas que están en la atención del público, los medios de comunicación y los actores sociales en general. Es una visión más amplia y social, relacionada con la visibilidad mediática acerca de qué problemáticas son relevantes en un momento dado. En cambio, la agenda institucional es el conjunto de temas que las instituciones públicas, en particular los órganos del gobierno, consideran como prioritarios y en los cuales se están planificando acciones concretas. Es el espacio donde se discuten y deciden políticas públicas para implementar.

El papel de los actores estatales y no estatales

El papel de los actores estatales y no estatales en este proceso es fundamental.

Los actores estatales incluyen políticos, ministros, legisladores, agencias gubernamentales y funcionarios administrativos. Tienen un papel central en definir, priorizar y formalizar los temas en la agenda. Pueden impulsar o bloquear la incorporación de ciertos problemas, según sus intereses, ideologías o presiones.
Los actores no estatales son los actores de la sociedad civil: movimientos, medios de comunicación, grupos de interés, empresas y organizaciones internacionales. Su influencia radica en movilizar la opinión pública, presionar a los actores estatales, financiar campañas, realizar investigaciones o generar instancias que obliguen a considerar ciertos temas.

7. ¿Qué implica “tomar decisiones” en el proceso de políticas públicas y qué elementos lo hacen un proceso político?

Tomar decisiones en el contexto de las políticas públicas no es un acto puramente técnico o administrativo; es, ante todo, un proceso político. Esto significa que, al momento de decidir sobre una política, no solo se está resolviendo un problema, sino que también se está eligiendo qué intereses se priorizan, qué actores son escuchados y cómo se distribuyen los recursos y beneficios. Según el Diccionario de Políticas Públicas (DPP, 2020), las decisiones en este ámbito no surgen de manera neutral ni objetiva, sino que son resultado de negociaciones, disputas y acuerdos entre distintos actores con visiones e intereses diferentes.

Racionalidad Técnica vs. Racionalidad Política

Una forma útil de entender esto es contrastar la racionalidad técnica con la racionalidad política. La racionalidad técnica busca soluciones eficientes basadas en evidencia, datos y criterios objetivos. Desde esta perspectiva, lo ideal sería que las decisiones públicas respondieran a un análisis riguroso para encontrar la “mejor” solución posible. En la práctica, las políticas públicas también están atravesadas por la racionalidad política, que reconoce que los problemas no son neutrales: lo que se define como un problema y las soluciones que se proponen dependen de valores, ideologías y relaciones de poder.

Como explica Fontaine (2011), “los procesos de decisión en políticas públicas se dan en contextos complejos donde participan múltiples actores que no solo tienen distintos intereses, sino también diferentes niveles de poder y recursos para influir en el resultado final”. Esto hace que la toma de decisiones no sea solo una cuestión de aplicar soluciones técnicas, sino de construir acuerdos, hacer concesiones e incluso enfrentar conflictos. Fontaine señala que lo técnico no puede desligarse de lo político, porque las decisiones se toman dentro de un entorno social e institucional donde se enfrentan visiones del mundo distintas.

Intereses, recursos y poder en la toma de decisiones

En este proceso, los intereses, los recursos y el poder juegan un rol central. Los actores involucrados (por ejemplo, el Estado, las empresas, los partidos políticos, las ONG o los ciudadanos organizados) buscan promover sus objetivos. Sin embargo, no todos cuentan con los mismos recursos: algunos tienen mayor acceso a financiamiento, información, redes de influencia o legitimidad pública. Esto crea una desigualdad en la capacidad de incidir en las decisiones. Por eso, cuando se toma una decisión en política pública, alguien gana y alguien pierde, aunque esto no siempre sea evidente a simple vista.

Además, decidir implica definir qué problemas se consideran prioritarios, qué temas entran en la agenda y cuáles quedan fuera, lo cual está presente en cada etapa del ciclo de políticas públicas. Todo ello es profundamente político, porque tiene que ver con quién tiene voz, quién puede movilizarse y qué grupos logran posicionar sus demandas. Por lo tanto, la toma de decisiones en políticas públicas no puede entenderse solo como un ejercicio técnico de análisis y planificación, sino como un proceso atravesado por relaciones de poder, disputas de sentido y negociación constante.

En resumen, decidir en políticas públicas es un proceso político porque no se trata solamente de elegir la mejor solución técnica, sino de acordar qué hacer en un contexto donde existen múltiples actores, intereses contrapuestos y recursos desiguales. La racionalidad técnica puede aportar al diseño de buenas políticas, pero siempre estará condicionada por la racionalidad política y por el conflicto inherente a cualquier sociedad democrática.

8. ¿Qué es una ‘ventana de oportunidad’ en el análisis de políticas públicas y qué condiciones permiten su apertura?

La ventana de oportunidad (policy window), concepto desarrollado por John Kingdon, plantea que existen momentos breves pero decisivos y estratégicos en los cuales se reúnen los elementos necesarios para que una política pública o un problema público se consoliden. No son garantías de éxito, pero sí presentan importantes momentos de cambio en los paradigmas previamente establecidos. Sin embargo, no es lo único: si bien se necesita de un determinado y único acontecimiento importante que permita una mayor visibilidad de una problemática o lograr innovaciones en determinadas áreas, estos no son los factores determinantes que convierten aquello en una política pública o lo acentúan como una idea legítima. Para que una ventana de oportunidad logre consolidarse y permitir su apertura, es necesario que se interconecten y acoplen tres corrientes, denominadas: problem stream, policy stream y political stream. Estas tres corrientes independientes se definen a continuación:

Problem stream (o corriente de problemas): Determinados hechos o condiciones se verán cuestionados y comenzarán a ser vistos como problemas que merecen la atención del aparato estatal. Es importante destacar que los hechos no se convierten automáticamente en “problemas” solo por ser de naturaleza negativa; se necesita que sean percibidos así por los actores.
Policy stream (o corriente de políticas/soluciones): Es la corriente de las soluciones, determinada por las ideas, propuestas y soluciones que circulan entre los especialistas en las comunidades de políticas públicas. Aquí, las ideas no son pensadas para resolver de forma explícita los problemas, sino que se encuentran “flotando” a la espera de un problema al cual unirse o de un acontecimiento importante que les dé mayor visibilidad repentina.
Political stream (o corriente política): Radica en el contexto político general donde se toman y debaten las decisiones. Se determina por las reglas y los calendarios propios de la vida política y se fundamenta en comprender la opinión pública y sus determinadas situaciones.

Finalmente, es crucial destacar que la interconexión de estas tres corrientes no sucede por sí misma. A partir de este punto, los emprendedores políticos juegan un rol clave al conectar las soluciones adecuadas con los problemas percibidos y movilizar los procedimientos políticos para que sean tomados en cuenta. Sin los emprendedores políticos, la ventana de oportunidad no sería aprovechada y muy probablemente se perdería.