Políticas Sectoriales en España: Del Proteccionismo a la Eficiencia
Políticas Sectoriales en España
En España, tradicionalmente, las políticas sectoriales se dirigieron principalmente a la protección del mercado nacional, con la finalidad de favorecer la producción de las empresas españolas.
Esta política de mercado tuvo como resultado la aparición de un conjunto de ineficiencias que afectaron negativamente a nuestro crecimiento económico y a nuestro bienestar.
A partir de la década de los 60, el mercado empieza a adquirir mayor protagonismo en la asignación de los recursos, sin embargo, será en 1986 cuando empieza a existir mayor preocupación por la competitividad industrial.
Este proceso coincide en el tiempo con el inicio de la desregulación y las políticas de fomento de la competencia puestas en marcha por Ronald Reagan en Estados Unidos, y también por la política de privatización de las empresas públicas realizadas por Margaret Thatcher en Reino Unido.
En España, el inicio de la desregulación se encuentra en la segunda mitad de los 90. Este proceso fue especialmente intenso en determinadas actividades de servicios, que se vieron sometidas a un importante proceso de privatización y fomento de la competencia. A principios del siglo XXI, las políticas sectoriales han estado dirigidas principalmente a mejorar la eficiencia en el funcionamiento de los mercados.
Características básicas de las políticas sectoriales de España:
Política Agraria Común (PAC)
Inicialmente, la PAC constituía una política de precios y mercados mediante la cual se establecía, por un lado, unos precios de garantía para los productos agrarios europeos, y por otro, se establecían unos aranceles y otras medidas proteccionistas que salvaguardaban el mercado europeo frente a las importaciones procedentes de terceros países.
Estas medidas tuvieron como consecuencia un aumento de la oferta de productos agrarios cada vez mayor respecto de la demanda de tales productos.
Estas medidas se tradujeron en elevados costes financieros y también en elevados costes de eficiencia. El aumento de estos costes, sumado a las presiones de Estados Unidos y de los países en desarrollo a favor de la liberalización de los mercados de productos agrarios, supuso que se iniciara un proceso de reforma de la PAC. Esta reforma consistió, por ejemplo, en el establecimiento de cuotas de producción y, al mismo tiempo, se redujeron los precios agrarios. Esta última medida se vio acompañada por el establecimiento de pagos compensatorios que contrarrestaron el descenso de las rentas agrarias.
La reforma más reciente de la PAC entró en vigor en 2014. Esta reforma tiene tres objetivos principales:
- La revisión de la estructura de pagos directos a los agricultores.
- El fomento de la innovación.
- El establecimiento de instrumentos que contribuyan a mitigar la volatilidad de los precios de los productos agrícolas.
Políticas Energética e Industrial
Actualmente están orientadas hacia la consecución del Mercado Interior de la Energía. Concretamente, esta política se articula en torno a 3 objetivos:
- La aseguración del suministro energético.
- La mejora de la competitividad.
- El logro de un desarrollo económico sostenible medioambientalmente.
El primer paso para la consecución de este mercado de la energía se dio a principios de los 90, fecha en la cual se aprobaron una serie de normas relativas a los mercados de la electricidad y del gas. A partir de esta fecha, las diferentes normas han estado dirigidas a avanzar en la liberalización de este sector con la finalidad de conseguir un mercado del gas y de la electricidad más eficiente.
Por lo que respecta a la industria, la política sectorial realizada a finales del siglo XX era de corte liberal, es decir, existía una desconfianza acerca de la viabilidad o capacidad de la intervención pública para impulsar el desarrollo industrial. Por este motivo, se privatizó un buen número de empresas públicas con el objetivo de mejorar la eficiencia. En la actualidad, está más basada en la puesta en marcha de programas de apoyo a la PYME, así como la creación de las condiciones necesarias para favorecer la innovación tecnológica y para la cada vez mayor implantación de TICs en el seno de las empresas.
Política de Desregulación de los Servicios
En nuestro país, la actividad de los servicios ha estado muy regulada con la finalidad de corregir los fallos de mercado, por ejemplo, la existencia de externalidades y la existencia de asimetrías en la información. Pero este exceso de regulación también ha estado motivado por la presión ejercida por determinados grupos de interés para limitar la competencia de este grupo de actividades.
El resultado era un sector servicios excesivamente intervenido. Todas estas circunstancias han desembocado en que el sector servicios tuviera un comportamiento poco eficiente. Es a partir de los 90 cuando empiezan a introducirse las primeras medidas de desregulación. Estas consisten principalmente en la eliminación de las limitaciones de entrada a nuevas empresas, en el establecimiento de la libertad para fijar precios y, en definitiva, la libertad para el desarrollo de la actividad empresarial.
El objetivo último de estas medidas es eliminar las ineficiencias generadas durante los años de intensa regulación de este sector e igualmente eliminar las distorsiones generadas en la evolución de los sectores. El proceso se inicia a principios de los 90, pero la consolidación de este proceso tendrá lugar en 1998 como resultado del compromiso adquirido por nuestro país en el seno de la UE de cara a la construcción del mercado único.
En la actualidad, la liberalización del sector servicios está muy avanzada, aunque también es cierto que está siendo desigual entre las distintas actividades que constituyen el sector de los servicios y en algunas de ellas está siendo particularmente lento.