Recurso de Reclamación de Nacionalidad Chilena: Proceso, Requisitos y Efectos

Recurso de Reclamación de Nacionalidad Chilena: Procedimiento y Protección Legal

El Recurso de Reclamación de Nacionalidad es una acción constitucional fundamental en Chile, diseñada para proteger el derecho a la nacionalidad. Este recurso permite a los ciudadanos impugnar actos o resoluciones administrativas que les priven o desconozcan su nacionalidad chilena.

Características Esenciales del Recurso de Reclamación

Es una acción constitucional.
Procede exclusivamente contra actos o resoluciones administrativas.
Se activa cuando la nacionalidad ha sido privada o desconocida por una autoridad administrativa.
Su objetivo principal es el restablecimiento de la nacionalidad del afectado.
El Tribunal competente para conocer este recurso es la Corte Suprema, la cual resolverá como jurado y en pleno.
El plazo para interponer el recurso es de 30 días, contados desde que el afectado toma conocimiento del acto o resolución administrativa que le priva de la nacionalidad.
Puede ser interpuesto por el afectado directamente o por cualquier persona en su nombre.
La sola interposición del recurso suspende los efectos del acto o resolución administrativa que priva o desconoce la nacionalidad.

Marco Legal: Pérdida de la Nacionalidad y el Recurso de Reclamación

La nacionalidad chilena puede perderse según las causales establecidas en el Artículo 11 de la Constitución Política de la República. Para salvaguardar este derecho, el Artículo 12 de la misma Carta Fundamental consagra el Recurso de Reclamación, permitiendo al afectado recurrir ante la Corte Suprema, que resolverá como jurado y en Tribunal Pleno.

Procedimiento del Recurso de Reclamación ante la Corte Suprema

El Auto Acordado del 26 de enero de 1976 reglamenta la aplicación del Recurso de Reclamación contra decretos que disponen la pérdida de la nacionalidad. A continuación, se detallan las etapas clave:

Etapas Procesales

Interposición de la Reclamación: Una vez presentada la reclamación, se oficiará al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando copia autorizada del informe escrito que ha debido emitir, y de las informaciones oficiales que haya obtenido de las misiones diplomáticas u oficinas consulares chilenas en el extranjero o de otras fuentes fidedignas a que haya recurrido. El Ministerio deberá informar en un plazo de diez días.
Periodo de Observaciones y Prueba: Recibidos los antecedentes del Ministerio, o una vez expirado el plazo sin ellos, se dictará una resolución que mantendrá los autos en Secretaría por diez días. Este plazo, contado desde la notificación al interesado, es para que este formule las observaciones y presente los antecedentes o pruebas que considere necesarios.
Remisión al Fiscal y Relación: Vencido el plazo de observaciones y prueba, los autos se remitirán al Fiscal para su dictamen. Una vez expedido el dictamen, se ordenará traer el caso en relación ante el Tribunal Pleno. El Pleno podrá disponer las diligencias que estime útiles para una mejor resolución o para el conocimiento del negocio.
Tramitación Inicial: La tramitación de la reclamación será conducida por el Presidente de la Corte Suprema hasta que se dicte el decreto que ordene traer los autos en relación.

Notificaciones

Todas las notificaciones relacionadas con este recurso se efectuarán por el estado diario.

Sentencia

La sentencia se dictará en un plazo de diez días una vez producido el acuerdo del Tribunal Pleno. El fallo emitido en la reclamación será transcrito al Ministro de Relaciones Exteriores.

Aspectos Clave del Tribunal Competente y Efectos de la Sentencia

Según el Artículo 12 de la Constitución, la Corte Suprema es el tribunal competente para conocer la acción de reclamación de nacionalidad. Para ello, debe constituirse en “tribunal pleno”. El Artículo 95, inciso 4 del Código Orgánico de Tribunales, especifica que el pleno de la Corte Suprema debe estar constituido por al menos once de sus miembros.

La Corte Suprema conocerá el recurso como jurado, lo que implica que deberá apreciar en conciencia los hechos y fallar de igual forma, sin sujetarse a reglas legales de prueba.

Un aspecto crucial es que la sola presentación de la acción suspende los efectos del acto o resolución administrativa que se le atribuye el desconocimiento o la privación de la nacionalidad.

Si la Corte Suprema acoge el recurso, su sentencia tiene efecto retroactivo, anulando la resolución o acto administrativo impugnados desde la fecha misma de su dictación. Esto significa que el beneficiario queda en la misma situación como si jamás hubiera sido afectado por dicha medida.