Transformaciones del Estado del Bienestar: Pluralismo, Relacionalidad y Workfare

Pluralismo del Bienestar Social

El pluralismo del bienestar implica el reconocimiento de la complementariedad de cada uno de los tres sectores y, a la vez, las imperfecciones e insuficiencias de cada uno de ellos. Cada sector puede resultar eficaz para resolver unas determinadas funciones y puede tener su ámbito, dependiendo de la naturaleza de la necesidad a la que se intente hacer frente o el objetivo que se quiera alcanzar. Ninguno puede ser una alternativa al margen de los otros; sin olvidar que todos tienen sus ventajas y limitaciones.

El Estado, a través de sus administraciones y de las numerosas fórmulas administrativas, tiene que intervenir cuando hay que asegurar la universalidad y la igualdad, propiciando la redistribución, y garantizando un mínimo vital para todos los ciudadanos.
El mercado es necesario para responder a las necesidades que se convierten en preferencias personales a través de medidas individualizadoras, y la competencia en función a la eficiencia de los servicios, pero no resulta eficaz para generalizar la oferta.
La sociedad civil es apropiada para hacer frente a aquellas necesidades que necesitan de proximidad física, ofertada a través de la solidaridad, pero resulta ineficaz para resolver problemas de equidad.

Quienes se decantan por el pluralismo del bienestar desean el mantenimiento del Estado del Bienestar, pero quitando peso al Estado como el principal proveedor de servicios, con un mayor peso por tanto de los otros sectores. Su papel seguirá siendo importante en la financiación, planificación, promoción y reglamentación de los servicios. Los pluralistas del bienestar no abogan por una reducción del gasto estatal, sino por la redistribución del mismo en apoyo de una provisión informal y voluntaria. El pluralismo del bienestar no significa un menor bienestar, sino un desplazamiento de la provisión del mismo de un sector a otro, produciéndose una reestructuración del mismo.

El Estado Relacional

El «Estado Social Relacional» se ve como una cuarta generación de Estado del Bienestar, superando los modelos paternalista, asistencial e intervencionista. Se destacan los dilemas que enfrentan las sociedades occidentales, como garantizar más libertades ciudadanas pero responsabilizándolos por sus acciones, asegurar autonomía en las esferas sociales intermedias orientadas al bien común, proporcionar seguridad social sin burocratización, y mantener la igualdad social respetando diferencias legítimas.

Se propone que el nuevo Estado del Bienestar adopte decisiones éticas y evite la dependencia social. Se critica la actual exclusión social generada por políticas selectivas y condicionales, y se aboga por una nueva contractualidad relacional vinculada a la solidaridad. Se destaca la necesidad de cambiar radicalmente los principios teóricos y prácticos del Estado del Bienestar para abordar los dilemas actuales.

Roles de los Actores en el Estado Relacional

Con referencia a los papeles que tiene cada actor podemos destacar:

Estado: actor principal, facilitando la participación ciudadana en todo el proceso de gestión.
Mercado: tiene un papel residual.
Sociedad civil: debe ser el actor con mayor importancia dentro del modelo.

Paradigmas del Estado Social Relacional

Existen dos paradigmas dentro del Estado Social Relacional:

Por un lado, está el modelo liberal-laborista (o lib/lab), que se basa en una visión más individualista del bienestar. En este modelo, el Estado tiene un papel limitado en la provisión de bienes y servicios sociales, y se centra en proporcionar un mínimo de seguridad social. El mercado tiene un papel más importante en la provisión de bienes y servicios sociales, y la sociedad civil tiene un papel limitado. Se centra en la responsabilidad individual, el productivismo y la contribución profesional como elementos clave.
Por otro lado, se encuentra el modelo societario del bienestar plural, basado en el principio de ciudadanía societaria. El Estado se centra en garantizar los derechos sociales básicos, el mercado proporciona bienes y servicios sociales de manera eficiente y eficaz, y la sociedad civil proporciona apoyo social, promueve la participación ciudadana y defiende los derechos humanos.

El Workfare State

El Workfare State: el Estado debe actuar como un agente mercantilizador, e incluso como un actor de mercado. Promociona la mercantilización en términos económicos e ideológicos. Promete maximizar las oportunidades de la gente. Tiende a privatizar muchas actividades del Estado. El Estado de mercado evalúa el éxito o fracaso económico por la habilidad de su sociedad para asegurar más o mejores bienes y servicios. Subordina las políticas sociales a las demandas de las políticas económicas. Presta servicios de bienestar que benefician a los negocios y deja las necesidades individuales en un segundo lugar. Posee un Estado de Bienestar residual, con un sistema de prestaciones condicionadas. El Estado se percibe como proveedor o redistribuidor mínimo.

Las propuestas regresivas en políticas sociales provocan una progresiva desintegración social bajo las bases de un modelo de bienestar social liberal-residual: sanciones, reducción de la cuantía de prestaciones, condicionalidad, descenso del número de beneficiarios de los programas de asistencia social.

El Mercado: mantiene una economía social del mercado (las políticas referidas al mercado de trabajo, la educación y la preparación tienen una importancia central en la estrategia del “workfare”). Existe una obligación de tener empleo, ya que el trabajo remunerado —el empleo— es la mejor –y quizás la única vía– para lograr la inserción social, y evitar así la pobreza (primacía del empleo). El trabajo forzado se convierte en núcleo represivo de las políticas sociales; no importa cuán degradante pueda ser el empleo propuesto, los perceptores de prestaciones sociales deben agradecer su incorporación al mercado de trabajo. Aparece una remercantilización.
La Sociedad Civil: aparece la responsabilidad del individuo y su deber de satisfacer a la sociedad mediante comportamientos meritorios (Principio de mérito, responsabilidad individual). Los ciudadanos tendrán probablemente que vivir sin el tipo de servicios públicos y medidas redistribuidoras características de los estados de bienestar nacionales (pérdida de derechos sociales adquiridos tras décadas de progreso social). El “workfare” consigue insertar a las personas con menos dificultades de acceso al mercado laboral, pero muestra muchas más dificultades a la hora de ayudar a los más desfavorecidos. La sanción disciplinaria es también, en este caso, sanción social: las organizaciones de la sociedad civil vigilan que los desempleados no se aparten de la vía del trabajo.