Políticas Sociales en España: Programas y Rentas Mínimas contra la Pobreza y Exclusión
Programas Nacionales de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y Planes Nacionales para la Inclusión Social
La acción europea tuvo su expresión inicial en la puesta en marcha, en 1987, del denominado programa para situaciones de necesidad. Se considera al municipio como la unidad territorial más operativa para la intervención social.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales apoyó el primer programa de lucha contra la pobreza y la exclusión, pero es con el tercero cuando intenta asegurar los modelos de intervención experimentados en los programas europeos.
Se elaboraron en España desde entonces Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social, formulados en torno a los acuerdos europeos. (Los cinco Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social). La población objetivo del plan es, además, la población en riesgo de pobreza o pobreza relativa.
El año 2010 fue designado Año de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, con el objeto de reafirmar en la Unión Europea el compromiso político con la erradicación de este problema. Para enfrentar el problema se señalaron tres prioridades que se refuerzan mutuamente:
- Crecimiento inteligente
- Crecimiento sostenible
- Crecimiento integrador
El modelo de crecimiento español ha impulsado un notable incremento del Producto Interior Bruto en este periodo y una expansión mucho mayor del capital financiero, pero con un reparto muy desigual. (En la página 129 hay datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, además de una tabla con las dificultades económicas de los hogares por comunidades autónomas).
Los Sistemas de Garantía de Ingresos Mínimos en las Comunidades Autónomas
Es importante señalar la relación directa que se ha establecido entre la precariedad o falta de empleo y la necesidad de la puesta en marcha de medidas contra la pobreza y la exclusión. (El empleo es el principal elemento de normalización social).
El Estado de Bienestar ha tenido siempre ese principio básico de proteger a las personas activas frente al riesgo de carencia de ingresos suficientes para subsistir. Por esto, tras la Segunda Guerra Mundial se establecieron dos tipos de garantías:
- Seguros de desempleo
- Ayudas económicas existenciales
Desde mediados de la década de 1960 a 1973 se empieza a cuestionar estas políticas sociales. La agudización de la crisis de la primera década del siglo XXI ha incrementado los niveles de pobreza de carácter multidimensional.
En España, las organizaciones sindicales incluyeron en la propuesta sindical prioritaria que se implantaran dispositivos de garantía de ingresos mínimos. En definitiva, tuvieron que aprobar este propósito las Comunidades Autónomas y no la Administración General del Estado.
Entre 1989 y 2001 se implantó en España el sistema de rentas mínimas. La Comunidad Autónoma Vasca fue pionera con un programa de ingresos mínimos y se completó con la incorporación de una normativa específica y los programas de la Comunidad Autónoma de Baleares.
Después de esto, todas las comunidades han establecido un modelo que reconoce por ley el derecho a unos ingresos mínimos. Las características de los programas se asemejan a los europeos. Uno de los elementos más relevantes es:
- Existencia de una cuantía económica que garantiza unos ingresos mínimos como derecho subjetivo.
En lo que se refiere a los aspectos financieros, se había incrementado el presupuesto total a principios de la década del 2000, pero también ha incrementado notablemente el número de perceptores de las Comunidades Autónomas.
A partir del año 2008, con el empeoramiento de la situación social, ha supuesto un incremento de nuevos perfiles de pobreza y exclusión. La incapacidad del sistema para abordar esta situación ha favorecido la intervención de entidades privadas de acción social, como Cruz Roja y Cáritas.
Según Cáritas, en la tramitación de la Renta Mínima de Inserción por las Comunidades Autónomas se observan tres fenómenos:
- El retraso progresivo desde la presentación de la solicitud hasta el cobro efectivo de la prestación.
- El aumento de las personas perceptoras de rentas mínimas casi se ha duplicado.
- La reducción presupuestaria es el tercer obstáculo mencionado por los agentes (expresa la falta de liquidez).
Se declaran comunidades más protectoras País Vasco, Navarra, Asturias y Cataluña. Es obvia la necesidad de armonizar estas diferencias y la calidad de las prestaciones a escala nacional.