El Tribunal de la Inquisición: Origen, Funcionamiento y Repercusión

El Tribunal de la Inquisición

La Inquisición fue una institución judicial creada por el pontificado en la Edad Media. Su función principal era la persecución de la herejía, entendida como delito, lo que implicaba investigar, procesar y enjuiciar a los herejes. Es importante destacar que la Inquisición no fue una creación española, sino que surgió a raíz de la bula papal Ad Abolendam, emitida a finales del siglo XII por el papa Lucio III. Esta bula se concibió como un instrumento para combatir la herejía albigense en el sur de Francia, erradicada posteriormente por los reyes de Francia y Aragón.

1. Competencias

La Inquisición era un tribunal religioso que perseguía la herejía, por lo que solo afectaba a los bautizados. Aunque coincidió en el tiempo con la expulsión de judíos y moriscos, estos no eran juzgados por la Inquisición, ya que esta se centraba en asuntos religiosos. Sin embargo, los conversos sí podían ser juzgados. Entre los delitos que perseguía la Inquisición se encontraban:

Hechicería: Incluía la hechicería, el satanismo y, especialmente, la brujería.
Blasfemia: Se perseguía si el blasfemo no creía que fuera pecado o si blasfemaba y atacaba los misterios del cristianismo (la Santísima Trinidad, la Divinidad de Cristo o la Virginidad de María).
Bigamia: Era un delito perseguido por la Inquisición solo cuando el bígamo no creía cometer pecado, en cuyo caso se consideraba herejía.
Otros: Usura, sodomía, homosexualidad y bestialismo.

2. Jurisdicción

El Gran Inquisidor y su Tribunal tenían jurisdicción sobre los tribunales locales de los virreinatos.

3. Causas de su Creación en España

No hay unanimidad sobre los motivos que llevaron a los Reyes Católicos a introducir la Inquisición en España, pero se barajan varias razones:

El establecimiento de la unidad religiosa.
Debilitar la oposición política local a los Reyes Católicos.
Acabar con la poderosa minoría judeoconversa.
Financiación económica.

4. Composición de los Tribunales

Todos los Tribunales de la Inquisición contaban con al menos dos Inquisidores, un Calificador, un Fiscal y un Alguacil. Con el tiempo se fueron añadiendo nuevos cargos:

Los inquisidores eran preferentemente juristas, más que teólogos. De hecho, en 1608, Felipe III estipuló que todos los inquisidores debían tener conocimientos en leyes.
El procurador fiscal era el encargado de elaborar la acusación, investigando las denuncias e interrogando a los testigos.
Los calificadores eran generalmente teólogos y su función era determinar si la conducta del acusado constituía un delito contra la fe.
Los consultores eran juristas expertos que asesoraban al tribunal en cuestiones de casuística procesal.
El tribunal contaba además con tres secretarios: el notario de secuestros, quien registraba las propiedades del reo en el momento de su detención; el notario del secreto, quien anotaba las declaraciones del acusado y de los testigos; y el escribano general, secretario del tribunal.
El alguacil era el brazo ejecutivo del tribunal, encargado de detener y encarcelar a los acusados.

5. El Proceso

El proceso inquisitorial, conocido como pesquisa, comenzaba con una denuncia. A esta le seguía la detención y confiscación de los bienes del denunciado. El reo quedaba incomunicado, sin ser informado de los hechos denunciados ni de la identidad del denunciante, lo que le impedía defenderse. La única opción que tenía era tachar a sus enemigos, es decir, demostrar al tribunal quiénes eran sus enemigos para evitar denuncias interesadas. Luego declaraban los testigos y el propio acusado, quien, al desconocer los hechos denunciados y el denunciante, podía confesar otros delitos. Si había confesión espontánea antes de la renuncia, se salvaba la vida, pero no el patrimonio.

El fiscal redactaba la acusación, que se trasladaba al reo asistido por un abogado del Santo Oficio. Un teólogo calificaba los hechos y determinaba si el asunto seguía en los tribunales de la Inquisición o pasaba a la jurisdicción ordinaria. Si se consideraba oportuno, se realizaba una pericial médica para determinar si el reo estaba cuerdo y si podía resistir el tormento. Si no había confesión, el fiscal podía solicitar el tormento, que el juez concedía o no. El médico informaba si el reo tenía salud para resistir el tormento, que podía ser de varias formas. Al tormento asistían el inquisidor, el médico y el notario del secreto, quien tomaba nota de las palabras del reo. El tormento se podía repetir hasta tres veces, pero no confesar no suponía la inocencia, y la confesión bajo tormento requería una ratificación posterior.

Las Penas

Las penas aplicadas eran muy variadas: azotes, cárcel, destierro, confiscación de bienes, galeras, el uso del San Benito, etc. La imposición de las penas era una potestad discrecional casi total del Tribunal. La pena máxima, en el Auto de Fe, era la ejecución en la hoguera por las autoridades seculares (un tribunal religioso no podía ejecutar a nadie), pero si el acusado confesaba, se le estrangulaba antes. Si el reo había huido, se le quemaba en efigie. Un ejemplo documentado de penas impuestas por un tribunal de la Inquisición a un blasfemo contra la Virgen fue: oír misa con mordaza, 100 azotes y 6 años de destierro.

Las Cifras

Las cifras sobre el número de víctimas de la Inquisición varían según las fuentes:

Hernando del Pulgar, cronista de los Reyes Católicos, calcula que hasta 1490 (en apenas una década de existencia) la Inquisición había quemado a 2.000 personas y reconciliado a 15.000.
Juan Antonio Llorente, en 1882, calcula que la Inquisición había procesado a 341.021 personas, de las cuales algo menos del 10% (31.912) habían sido ejecutadas. Sin embargo, Kamen considera que la cifra de Llorente es exagerada.
Henningsen y Contreras, trabajando con datos del Archivo de Simancas, opinan que entre 1560 y 1700 se produjeron 49.042 juicios, de los cuales un 1,9% resultaron en ejecución.
García Cárcel opina que el total de procesos de la Inquisición fue de unos 150.000, de los cuales entre el 2 y el 4% (de 3.000 a 6.000) fueron ejecutados.

En el caso de Valencia, de los 7.000 casos estudiados, solo se usó la tortura en el 2% de los casos y nadie la sufrió más de dos veces.